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El Gobierno andaluz ataca la Dependencia y da la espalda a los Ayuntamientos

El Gobierno andaluz (PP-Cs) ha reformado a golpe de decreto la Ley de Servicios Sociales, eliminando la obligación por la que los Ayuntamientos inician el procedimiento y elaboran el plan individual de atención (PIA) en la Ley de Dependencia, una vez que se establece que las personas tienen derecho. La Junta de Andalucía evita de esta forma la atención a la dependencia en el nivel más próximo a las personas, allí donde hay una profesional de referencia que conoce la situación familiar y su entorno.

¿Qué ha hecho?

Modifica el papel de los Ayuntamientos en el procedimiento para reconocer la Dependencia. Vacía a la entidades locales de competencias para tener el control total de su gestión, dejando aún más desamparadas a las personas dependientes.

¿Cómo afecta a los municipios y a sus trabajadoras sociales?

Las trabajadoras sociales de los Servicios Comunitarios, más próximas a la ciudadanía y conocedoras del territorio y de la realidad de sus habitantes, pierden protagonismo en el circuito de Dependencia, pudiendo limitarse su acceso a la información de las solicitudes y a la atención a las familias.

¿Para qué se hace?

El Gobierno del PP y Cs argumenta «razones burocráticas», pero es la propia Junta de Andalucía la que define los procedimientos y está en su mano simplificarlos. Sacar a los Ayuntamientos del proceso solo garantiza opacidad para tapar las vergüenzas de un sistema ineficaz que necesita una revisión y, sobre todo, más financiación.

¿Qué proponemos?

Una simplificación del trámite burocrático, mantener a los Ayuntamiento en el proceso y un incremento urgente de la financiación. El Gobierno andaluz, que no hace PCR a las trabajadoras de ayuda a domicilio ni las considera personal sociosanitario, no pude quedarse solo al frente de la gestión de la Dependencia.


En el día de ayer se celebraba la Jornada Mundial por el Trabajo Decente y nuestra concejala Eva Oliva participó en la concentración que CCOO convocó exigiendo un nuevo contrato social, igualitario y seguro para la clase trabajadora, destacando el papel de las trabajadoras del sector de la Dependencia, especialmente vulnerables.

Pues en esta pandemia han puesto en riesgo su salud y la de sus familias sufriendo una precarización vergonzosa, con un 35% de contratación temporal y, en demasiadas ocasiones, por debajo del SMI. Ayer, una vez más, demostramos nuestro apoyo a quienes trabajan con nuestras personas dependientes y garantizan su bienestar… porque la Dependencia no es un negocio.

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