Programa de gobierno 2015-2019

4.   Democracia real y participativa

No queremos gobernar por delegación, sino con participación. La participación ciudadana se constituye en el eje vertebral y trasversal de nuestra propuesta, que se fundamenta en el convencimiento de que a mayor participación, mayor democracia.

Desde la Administración se debe trabajar conjuntamente con la sociedad civil y trabajar porque la gente participe. No debemos dejar el control democrático a banqueros o empresas y, por ello, queremos impulsar desde el ámbito autonómico y municipal procesos de intervención directa en las decisiones que se toman en los municipios y en sus Comunidades.

Se trata de avanzar a una democracia participativa que ponga a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de la política y la economía y que posibilite su participación en las decisiones de los Gobiernos, en la planificación y ejecución de las políticas públicas y en la gestión de los servicios públicos.

  • Establecer mecanismo de consultas populares para asuntos de trascendencia municipal.
  • Fomentar la participación ciudadana en la gestión de los bienes y servicios públicos, que permita a la ciudadanía participar en la elección de los modelos de organización, funcionamiento y definición de objetivos de los servicios públicos. El ejercicio de este derecho se puede realizar a través de mecanismos como la democracia representativa, directa y comunitaria, como pueden ser las audiencias públicas, las asambleas de barrio, los consejos autónomos municipales o los observatorios populares.
  • Defendemos la participación de los ciudadanos/as y de los trabajadores/as en los órganos de dirección de los organismos autónomos o empresas públicas.
  • Revocabilidad de los cargos públicos o moción de censura ciudadana al Alcalde. El procedimiento de revocación se podría poner en marcha transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el cargo público,  por un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras de la circunscripción. Una vez conseguidas las firmas suficientes se sometería a votación popular la propuesta de revocación.

 

4.1.Participación ciudadana

La participación implica toma de decisiones y compromiso de vinculación por parte de los equipos de gobierno locales, lo que conlleva una cesión de poder por parte de la administración local hacia la ciudadanía.

En la articulación de políticas de participación, en la construcción de políticas y establecimiento de prioridades, es necesario superar modelos en los que las asociaciones ostentan la representación de la ciudadanía y su interlocución en nombre de esta con la administración, fomentando espacios deliberativos de la ciudadanía, articulando el derecho universal a participar en la toma de decisiones municipales. De esta manera, se fomenta la participación de los sectores sociales que históricamente han estado excluidos de la toma de decisiones y que por lo general, no forman parte del tejido social organizado, de ahí nuestra apuesta por implantar los presupuestos participativos como vínculo de cogestión entre ciudadanía y poder institucional, como “contrato social”.

El proceso de presupuestos participativos permite generar una nueva cultura que implica la construcción de estrategias de planificación y gestión participativa del territorio. Permiten que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos, así como la transparencia en las decisiones convirtiéndose en protagonista activa de lo que ocurre en el municipio, creando municipios más igualitarios.

Estos deben abordarse, también, con enfoque de género, implicando sectorialmente a las mujeres y estableciendo formas materiales y políticas para facilitar su participación.

En Sevilla ya tuvimos una experiencia exitosa que permitió que el pueblo mandara directamente en numerosos asuntos. Esa experiencia se abortó bruscamente con la entrada de la derecha al gobierno local.

La participación como instrumento de democracia real, de transformación social, de inclusión, de afección al entorno y como instrumento de profundización y radicalización de la democracia es un principio irrenunciable para una fuerza política de izquierdas, por ello pondremos en práctica políticas para:

  • Recuperación de los Presupuestos Participativos.
  • Facilitar la más amplia información sobre las actividades, obras y servicios municipales.
  • Promover la participación de los vecinos/as y asociaciones en la gestión municipal, fomentando la vida asociativa en la ciudad y sus distintos barrios.
  • Acercar la gestión municipal a la ciudadanía, garantizando el equilibrio y solidaridad entre los distintos barrios y núcleos de población del término municipal.
  • Situar a la ciudadanía en el centro de la política, en el diseño y en la toma de decisiones.
  • Regenerar la política local (transparencia, rendición de cuentas, cogestión).
  • Superar/ desbordar el modelo de democracia representativa.
  • Fortalecer las redes sociales del municipio y su capacidad de acción pública.
  • Legitimar las políticas emanadas de espacios ciudadanos.
  • Construir participadamente un modelo de ciudad justa, sostenible y democrática.
  • Creación de planes integrales de participación ciudadana, que intenten organizar todos aquellos elementos que están en la base local, tanto desde el punto de vista normativo como de dinamización social.
  • Mantener y potenciar la Delegación de Participación Ciudadana y la actualización participada del Reglamento de Participación Ciudadana.
  • Desarrollo de un Plan de Formación Ciudadana dirigido a personas individuales y a asociaciones (gestión de asociaciones, instrumentos para la participación).
  • Desarrollo de Foros Cívicos entendidos como ámbitos de discusión, debate y propuesta
  • Reactivación de los Consejos Sectoriales sobre las diferentes políticas locales (educación, sanidad, igualdad, juventud, cultura, sostenibilidad ambiental,…) que han de cumplir las siguientes premisas:

oHan de disponer de un Reglamento tipo para la configuración de los Consejos Sectoriales

oAtender a los problemas de una manera transversal y desde la organización territorial de la ciudad

oEstar compuestos, por la ciudadanía, a través de sus organizaciones y asociaciones

oLa Administración ha de tener sólo un papel secundario el de escuchar y canalizar las demandas

oHan de garantizar la paridad o al menos la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de representación y toma de decisiones, favoreciendo la incorporación de las mujeres en los órganos e instancias de representación local

  • Reforzar decididamente y garantizar el funcionamiento de órganos de especial trascendencia como el CESS y la Comisión de Seguimiento del PGOU.
  • Incorporar a las organizaciones sindicales a la Oficina de Planificación Estratégica y Desarrollo (OPEyD) y a los Consejos de Administración de las Empresas Municipales.
  • Desarrollo de Audiencias públicas sobre temas de interés general: Presupuestos, Urbanismo, etc.
  • Creación del Consejo de Ciudad como máximo órgano de participación del municipio.
  • Establecer un modelo de mediación vecinal con el fin de resolver negociadamente los conflictos derivados de esta participación.
  • Impulsar procesos participativos vinculantes y reglamentados en el diseño y la elaboración de materias municipales, tales como:

oOrdenanzas

oPlanes estratégicos (que recojan el modelo de desarrollo del municipio o ciudad)

oPlanes de desarrollo económico y social

oPlanes de Empleo

oAgenda 21

oPresupuestos Municipales

oOrganismos autónomos y empresas públicas municipales

  • Participación de las AMPA en la gestión escolar: planes de educación, actividades socio-culturales…
  • Completar el procedimiento sobre el reconocimiento de utilidad pública a las entidades sociales o sectoriales cuyo expediente administrativo ya esté en marcha.
  • Carta de Derechos y de Servicios en los diferentes distritos. Que los vecinos sepan qué ofrece el Ayuntamiento.
  • Debe garantizarse la resolución expresa, motivada y en el plazo legal de las peticiones y recursos administrativos presentados por los ciudadanos.
  • El Ayuntamiento tiene que proceder a la correcta notificación, conforme al artículo 59 de la Ley 30/92 y la jurisprudencia existente, de los actos de los procedimientos administrativos a los interesados en los mismos.
  • Creación de una red de locales sociales para entidades.

 

4.2.Transparencia

En una verdadera democracia sólo es posible una auténtica participación por parte de la ciudadanía si ésta puede acceder en igualdad de condiciones a todo tipo de información que se encuentre en poder de cualquier autoridad pública o de cualquier entidad privada que realice funciones públicas.

La información de las instituciones públicas debe ser accesible a los ciudadanos y, al mismo tiempo, las instituciones deben ser proactivas en el ofrecimiento y puesta a disposición de esa información para los ciudadanos, por lo que desde IU nos comprometemos a:

  • Comisiones de investigación: el Ayuntamiento estará obligado a crear una comisión de investigación con la simple solicitud de dos grupos municipales. De la misma manera, la ciudadanía podrá instar a que se cree una comisión de investigación sobre cualquier tema, siempre y cuando lo respalde con mil firmas de residentes en Sevilla.
  • Garantizar el derecho de acceso a la información de toda persona, que debe poder ejercerse sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.
  • Cualquier concejal tendrá acceso a cualquier documento municipal en el plazo de una semana como máximo desde que solicite conocerlo.
  • Aplicar el derecho de acceso a la información a todas las entidades públicas y a todas aquellas entidades privadas que realicen funciones públicas. Así como a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, sin importar cómo esté almacenada.
  • Garantizar el principio de publicidad de la información: el secreto y la denegación de la información son la excepción y sólo podrá fundamentarse en razones muy específicas, como la seguridad ciudadana o la investigación de delitos.
  • El Ayuntamiento y los entes públicos municipales pondrán a disposición del público información básica y esencial sin que sea necesario realizar una solicitud.
  • Aumentar la transparencia presupuestaria y de cualquier documento municipal en el que no interceda la Ley de Protección de Datos. Más allá del presupuesto aprobado, publicar una serie de información:

oDocumento Preliminar.

oUn “Presupuesto Ciudadano”: presentación no técnica que permite a cualquiera comprender los planes del gobierno municipal para ingresar y gastar los fondos públicos.

oUna revisión de mitad de año: evaluación del presupuesto a la mitad del período desde la participación ciudadana, balance de gastos, correcciones…

  • Hacer pública cualquier subvención o contratación en prensa de publicidad o partida presupuestaria alguna que vaya a parar a cualquier medio de comunicación.
  • Comunicación directa con los representantes públicos a través de los medios digitales actuales.
  • Publicación de la documentación en un formato accesible y reutilizable (Open Data). Estándares abiertos y visuales con el objetivo de consultar de forma sencilla y transparente cómo se distribuyen los presupuestos municipales, de dónde proceden los ingresos, cuáles son las políticas de gasto y a qué se destina cada euro de la Corporación.

 

4.3.Auditoría ciudadana de la deuda

Queremos saber a quiénes y a qué empresas se ha beneficiado con dinero público, para poder ejercer un mejor control sobre el gasto. Por eso se propone una auditoría de la deuda en el Ayuntamiento de Sevilla:

  • Es preciso desvelar las deudas municipales por prestación de servicios, que no son de su competencia, pero que tienen una financiación de otras Administraciones insuficiente y tardía. Esa auditoría se concentraría en el contenido, procedimientos de licitación y pago de los grandes contratos públicos que han generado deudas municipales.
  • En todo caso, se prestará una especial atención a los sobreprecios sobre el inicialmente pactado y sobre la actividad de las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento.

 

4.4.Ética y honestidad en la acción de gobierno

  • Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivas responsabilidades. Sanciones específicas por dejación de funciones.
  • Los salarios de los representantes electos no podrán exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor.
  • Eliminación de los complementos por cargo. Pago de los gastos justificados en base a los desplazamientos.
  • Impedir el cobro de dietas por asistencia a órganos a los que se pertenece por ser representante electo.
  • Eliminación de prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean pagados con cargos a los presupuestos de cualquier institución pública.
  • Eliminación de la inmunidad asociada al cargo en lo relativo a los delitos de corrupción. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
  • Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
  • Regulación más estricta de incompatibilidades durante el ejercicio de cargos públicos para evitar la simultaneidad con la participación en entidades privadas.
  • Una incompatibilidad radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Administración los tres años anteriores.
  • Limitación en el número de asesores y de cargos de confianza política y transparencia en los nombramientos y en sus retribuciones.
  • Exigir la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.
  • Las contrataciones se realizarán a través de comisiones específicas, cuyo funcionamiento será transparente, sus decisiones públicas y en las que participarán los representantes de todos los grupos municipales. Sus componentes tendrán acceso a los expedientes de contratación sin ninguna limitación ni temporal ni selectiva.
  • El Ayuntamiento no contratará con ninguna empresa que haya sido condenada por delitos relacionados con la corrupción.
  • Nueva regulación económica del régimen de gestión indirecta del sector público en cualquiera de sus modalidades, modificando sustancialmente los sectores a los que pueda acceder, condiciones de licitación, los sistemas de control, actualización de costes, etcétera.
  • Impulsar una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, para que todos los alcaldes y concejales tengan la obligación de depositar su declaración de bienes e intereses en un registro público; para que a partir de cierto importe económico o más de un año de duración, las licencias, convenios y contratos – especialmente los contratos de obras y servicios de larga duración (agua, residuos, seguridad, espacios públicos)- sean adoptados por el Pleno municipal y no se limite su decisión al debate en la comisión de gobierno, en la que no está representada la oposición; y para que todos los grupos municipales estén representados en las empresas públicas y en las mesas de contratación.
  • Establecer, por plazo de cinco años, un registro público de actividades profesionales de miembros del Gobierno, altos cargos, así como gestores públicos que cesen en el desempeño de sus funciones.
  • Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución. Los obsequios provenientes de otras personas, organizaciones... serán rechazados o entregados a la institución. Se creará un Registro Público de Obsequios e Invitaciones.
  • Apostamos por una función pública profesionalizada, por lo cual se deberán limitar los puestos de libre designación a los estrictamente necesarios, se favorecerá una carrera profesional basada en los principios del mérito y capacidad, generalizándose el sistema de concurso como instrumento de provisión de puestos, Acabar con el clientelismo que se produce en la asignación de puestos directivos de libre designación y con el ejército de asesores que rodea a los altos cargos, que supone la creación de administraciones paralelas.
  • El Ayuntamiento no concederá subvenciones a grupos que alienten cualquier tipo de violencia o discriminación.

 

4.5.Libertades públicas y seguridad ciudadana

El modelo de seguridad ciudadana en el que nos comprometemos se define por su carácter integral, es decir, por la búsqueda de un equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y el derecho a la libertad de todos los ciudadanos, por la actuación sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sólo sobre las consecuencias.

No pueden existir políticas de seguridad eficaces si no se erradica la pobreza, el paro, la xenofobia y la exclusión social, mediante políticas integrales de empleo y protección social.

Libertad y Seguridad forman parte de un todo indivisible en una sociedad democrática. Es por ello que Izquierda Unida considera que son fundamentales para la consecución de una ciudad libre de inseguridad llevar a cabo:

  • Creación de Planes Integrales de Actuación como instrumentos fundamentales para diseñar acciones preventivas en materia de seguridad.
  • La participación ciudadanía en los Consejo Locales de Seguridad y una remodelación del actual modelo de policía para convertirlos en punto de encuentro de los ciudadanos y la administración, para elaborar y evaluar los dispositivos de seguridad pública paralelos al desarrollo de los Planes Integrales.
  • Elaboración de un replanteamiento del actual modelo de policía, para conseguir un nivel eficaz en la lucha contra la delincuencia en donde lo primordial sería su racionalización, mejor coordinación y mayor dotación de medios técnicos y formación.
  • No permitiremos Ordenanzas Cívicas que criminalicen a las mujeres en situación de prostitución u otros colectivos en riesgo de exclusión social y en todo caso exigiremos que no sean prohibicionistas, sino de información y prevención; instando a las mismas al cumplimientos de los derechos humanos y constitucional.
  • El ayuntamiento pondrá en marcha programas de justicia restaurativa para la reparación efectiva de las victima de delitos, programas coordinas con los departamentos de justicia de la administración Central y autonómica. (Ver apartado 3.9 Justicia restaurativa municipal)
  • Especial atención y prioridad tendrán en estos programas la reparación efectiva de las victimas de faltas y delitos cometidos por menores infractores, de los delitos y faltas contra la seguridad vial, contra la salud pública- drogas- cometidos en el ámbito familiar o delitos y faltas cometidos por personas en situación de riesgo o exclusión social.
  • Garantizar la vigilancia policial en la puerta de los colegios para prevenir el menudeo de drogas.
  • Exigir disciplina por parte de la policía local en el cumplimiento de las normas de tráfico en la doble fila a la entrada y salida de los colegios.
  • Garantizar el derecho a la objeción de conciencia para aquellos funcionarios que hayan de ejecutar actuaciones que requieran del uso de la violencia tal y como en desahucios, represión de manifestaciones, etc..
  • Creación de un grupo de policía verde para la vigilancia de los parques.
  • Creación de un grupo de policía ciclista para patrullas por las zonas peatonales y vías ciclistas.
  • Creación de protocolos de actuación donde se tengan en cuenta las diferentes realidades de la sociedad: migrantes, menores, mayores, LGTBI…

 

4.6.Cooperación al desarrollo

Desarrollar y llenar de contenido el consejo municipal de paz, solidaridad y cooperación con carácter consultivo, compuesto por representantes de los grupos municipales presentes en el ayuntamiento y de las asociaciones presentes en el municipio con objeto de implicar al conjunto de la sociedad en la toma de decisiones e incrementando la implicación social en estas políticas.

  • Dedicaremos el 1% del presupuesto para Cooperación al Desarrollo.
  • Retomar y potenciar el Consejo Municipal de Cooperación.
  • Pondremos en valor el papel de Sevilla en la cooperación al desarrollo: la historia de la ciudad, su rol como capital de Andalucía y la existencia de un asociacionismo vivo que quiere hacer cooperación.
  • Puesta en marcha de un Plan Municipal de Cooperación.
  • Transparencia y participación en las políticas de cooperación llevadas a cabo directamente por el Gobierno Municipal.
  • Puesta en marcha de una nueva línea de subvenciones de cooperación, consensuada con las organizaciones del sector.
  • Constituir el Instituto Municipal para la Paz y la Solidaridad que, de forma participativa y con un funcionamiento autónomo, sea dinamizador e interlocutor ante todas las instituciones de estas iniciativas
  • Favorecer la colaboración con las Cooperativas IDEAS y con la Asociación Internacional de Comercio Justo (IFAT).
  • Recuperar las políticas de solidaridad con los países empobrecidos de América latina, Asia o África. Específicamente con Palestina y el Sáhara.

 

4.7.Una ciudad con memoria

Recordar y dignificar la memoria de las víctimas del franquismo y restituir los derechos perdidos por ellos y sus descendientes es una necesidad democrática, porque la democracia no será plena en nuestro país hasta que no se reconozca el pasado negro de nuestra historia y se tribute el homenaje que se merecen los hombres y mujeres que se enfrentaron a él.

Verdad, Justicia y Reparación para todos. Estos tres derechos, que no están garantizados lo suficiente por la actual Ley de Memoria Histórica estatal, deben ser el objeto de un poder municipal, compensando en la medida en que lo permitan las competencias del ayuntamiento ante la omisión y dejadez del Gobierno central. Para ello proponemos las siguientes medidas.

  • Borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia que aún pueda quedar y que sea honrosa al pasado franquista que hemos padecido en nuestro país.
  • Reconocimiento como Lugar de Memoria Democrática de las zonas más importantes de Sevilla.
  • Crear un Instituto Municipal de la Memoria Democrática, que incorpore una COMISIÓN DE VERDAD interdisciplinar en el que se incluyan historiadores, juristas, forenses, arqueólogos y psicólogos, y que tengan como objetivos los siguientes:

oLocalizar a los desaparecidos de la Guerra Civil y el Franquismo en el término municipal de Sevilla, mediante una oficina abierta al público.

oInvestigar acerca de las víctimas de la Guerra civil y el Franquismo, a través de la investigación archivista, de la toma de testimonios y de la exhumación de fosas comunes, con el objetivo de realizar un cómputo riguroso de los ciudadanos represaliados, los bienes incautados y los niños y niñas robados en la Guerra Civil y el Franquismo en el municipio de Sevilla.

oDifundir un conocimiento objetivo de la historia de la Guerra Civil y el Franquismo, a través de todos los medios al alcance del poder municipal, como por ejemplo talleres didácticos en los centros cívicos, rutas guiadas, unidades didácticas en los centros educativos, en los centros de enseñanza, exposiciones, etc...

oProteger, dignificar e investigar las fosas comunes del Cementerio de San Fernando.

oProhibir de forma cautelar la construcción de cualquier elemento sobre el espacio que ocupan las fosas.

oLocalizar y delimitar de forma precisa las fosas.

oProceder a la excavación y exhumación científica de las fosas, mediante el equipo interdisciplinar de Instituto Municipal de la Memoria Histórica, en un plan de trabajo realizado por fases acorde con las disponibilidades presupuestarias. El objeto es crear un banco de ADN para que cualquier ciudadano con familiares desaparecidos pueda hallar los restos de su ser querido.

oDignificar la ubicación de las fosas comunes mediante recursos explicativos y didácticos acerca de las causas históricas que llevaron al exterminio de tantos miles de personas. El objetivo es convertir a las fosas comunes en lugar de memoria al mismo tiempo que se investiga.

  • Investigar las depuraciones dentro del Ayuntamiento de Sevilla y rehabilitar a todos los trabajadores que fueron víctimas de aquellos procesos.

 

4.8.Por un Ayuntamiento Laico. Por una política municipal no confesional

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones… y remover los obstáculos para que la igualdad y libertad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas… (Relativo al art. 9 de la actual Constitución española de 1978).

El objetivo de estas medidas es establecer la separación entre los poderes públicos locales y las religiones, de forma que se establece la legitimidad estrictamente secular de las instituciones políticas, sin que quepa ninguna confusión entre fines religiosos y civiles, así como establecer la neutralidad o no confesionalidad del Estado (municipal) en dos sentidos:

-      Compromiso de los poderes públicos locales para no inmiscuirse en los asuntos estrictamente religiosos, permitiendo la máxima libertad en ese sentido, sólo limitada por el respeto al orden público y las leyes.

-      Igualdad que impida cualquier tipo de discriminación por razón de ideología o religión o ausencia de ellas.

Por todo ello, proponemos:

  • Promover un callejero laico y aconfesional
  • Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública que dependan de las administraciones. Las administraciones no promoverán ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo.
  • Los actos públicos oficiales serán exclusivamente civiles y sin connotaciones religiosas. Ninguna autoridad pública participará, en calidad de tal, en actos de naturaleza religiosa.
  • Los miembros de la corporación local en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes religiosas (tales como genuflexiones, besar anillos, etc.).
  • Los reglamentos municipales de honores y protocolos y de sus entes públicos se adecuarán a la “no confesionalidad del Estado”, que ampara el 16.3 de la actual Constitución.
  • No serán invitados a actos civiles o considerados autoridad pública los representantes eclesiásticos de cualquier confesión.
  • Quedarán suprimidos, y además con carácter retroactivo, todos los honores o votos públicos a advocaciones, santos, imágenes o simbología representativa religiosa, como condecoraciones, nombramientos de alcaldes y alcaldesas perpetuas, etc. Tampoco el ayuntamiento y su corporación se encomendarán a santoral, imágenes o rituales religiosos.
  • En el Cementerio se asegurará que todos los familiares de los difuntos, sin exclusión alguna por motivos de religión o de convicciones, puedan celebrar las ceremonias que les parezcan pertinentes. Ningún símbolo, icono o emblema de cualquier tipo, representativo de una religión o de una ideología particular, podrá presidir estos espacios públicos, a excepción de los que a los familiares del difunto les parezca oportuno utilizar en el transcurso de las ceremonias y los que deseen exhibir en la sepultura del fallecido. Incluso los ayuntamientos deben, si es posible, procurar espacios específicos para enterramientos de religiones organizadas minoritarias, si lo solicitan.
  • El Ayuntamiento facilitará que las ceremonias civiles (acogida, matrimonio y funerales) se puedan celebrar, sin obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo de facilidades para ello y poniendo la adecuada infraestructura.
  • No se donará, no facilitará suelo público ni locales, ni se concederá financiación pública o exenciones fiscales municipales para la instalación de infraestructuras a ninguna confesión o institución religiosa. Así mismo las confesiones religiosas vendrán obligadas a pagar todos los impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil. Los ayuntamientos elaborarán un censo público de las propiedades de la iglesia católica, de otras confesiones que están exentos de pagar el IBI, tanto de centros de culto, como de otras actividades mercantiles o sociales. También, en su caso, elaborará un censo de las propiedades rústicas y urbanas de las que se haya apropiado la iglesia católica, mediante el sistema de inmatriculación. También es elaborará un censo de otras entidades públicas o privadas que estén exentos del pago del IBI.
  • Todos los edificios e instalaciones dependientes de la administración local, así como sus organismos autónomos y demás entes estarán exentos de cualquier tipo de simbología religiosa, para cumplir con los principios de separación y neutralidad de la administración pública. A tal fin, se retirará cualquier símbolo religioso que pudiera haber en cualquiera de ellos y la alcaldía determinará su destino posterior, su registro y protección en dependencias municipales o su donación a entidades religiosas que pudieran tener interés en ellos.
  • El Ayuntamiento, en periodos electorales, sólo facilitará colegios o locales no confesionales y, por lo tanto, libres de simbología religiosa para el ejercicio democrático de votar.
  • Se incorporarán referencias y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial, centros públicos y a los callejeros municipales, así como fechas fijas y denominación neutra a las vacaciones escolares, fijadas a través del Consejo Escolar Municipal.
  • El Ayuntamiento abrirá un Registro Municipal de Testamentos Vitales con su propio Reglamento, para el registro voluntario de la libre voluntad con respecto a la fase final de la propia vida, y con los efectos jurídicos que las leyes establezcan, para colaborar con la administración sanitaria.
  • Se promoverán mociones y resoluciones, con el fin de solicitar al Estado que tome las medidas legislativas conducentes al establecimiento del Estado laico y a eliminar todos los privilegios de los que goza la iglesia católica y otras confesiones religiosas. También se elaborará Ordenanza o Reglamento de laicidad municipal.

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