Los concejales de IU sancionados por la Ley Mordaza recurren sus multas y denuncian la represión policial sufrida durante su desalojo del Ayuntamiento

Los concejales de Izquierda Unida, Daniel González Rojas y Eva Oliva, y el coordinador local de esta formación, Ismael Sánchez, han recurrido finalmente las sanciones económicas que, en aplicación de la llamada Ley Mordaza, se les ha impuesto por apoyar, el pasado 7 de junio, una protesta de ex trabajadores eventuales de Lipasam en el Ayuntamiento de Sevilla y que terminó en un violento desalojo policial ordenado por el gobierno local de Juan Espadas (PSOE).

Tanto los concejales como el coordinador de IU solicitan en sus recursos, presentados ante la Subdelegación del Gobierno, que se recabe al Ayuntamiento copia de las grabaciones de vigilancia del interior y del exterior de la Casa Consistorial para comprobar lo ocurrido aquel día, que se identifique a todos los policías locales implicados en los hechos denunciados y que se cite para prestar testimonio a una serie de personas, entre las que destacan el delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera. Asimismo, se pide que, una vez vistas las alegaciones y practicadas las pruebas propuestas, se acuerde el archivo del expediente “por no existir ilícito sancionable alguno” que se les pueda atribuir.

Como es sabido, aquel 7 de junio una veintena de policías expulsó violentamente del Consistorio a los dos concejales de IU y a otros dos de Participa Sevilla, junto a parte del personal técnico de ambos grupos y a los ex trabajadores de Lipasam, cuando éstos se disponían a mantener una reunión en dependencias municipales. Un hecho “gravísimo” y sin precedentes en la historia reciente del Ayuntamiento por el que hasta el momento, incomprensiblemente, nadie del gobierno de Espadas ha asumido responsabilidades. Y no sólo eso, sino que encima “se pretende criminalizar y sancionar, con la Ley Mordaza en la mano, a las víctimas de aquel atentado democrático”.

Según indica el portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, “hemos llegado al absurdo de que a unos concejales se les multa por hacer su actividad política en la casa de todos”. En su opinión, estos expedientes sancionadores muestran a las claras la deriva represiva en la que está instalado el gobierno de Espadas. Por eso, “en IU no sólo pedimos la retirada de estas sanciones injustificables, sino que seguimos exigiendo al alcalde unas disculpas públicas, así como el cese del delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, por ser quien dio la orden del desalojo, algo que reconoció hasta el propio Sindicato de la Policía Local en un comunicado hecho público en su página web”.

Cabe recordar que, en el marco de este procedimiento, también han sido multados dos ediles de Participa y al menos seis de los ex empleados municipales que protagonizaron la protesta laboral en el Ayuntamiento. Así, mientras que a los concejales de ambos grupos políticos se les impone una sanción leve, en virtud del artículo 37.4 de la Ley Mordaza, que prevé multas de entre 100 y 600 euros, a los trabajadores que se movilizaban dentro del Consistorio para defender sus derechos se les atribuye directamente una infracción grave.

“Acciones desproporcionadas e injustificadas”

Sin embargo, tal y como se deja claro en los recursos interpuestos por Izquierda Unida, lejos de faltar al respeto o de incurrir en alguna desconsideración hacia los agentes que aparecen como denunciantes en este procedimiento sancionador, la realidad es que fueron los propios concejales y ex trabajadores de Lipasam quienes sufrieron “acciones desproporcionadas e injustificadas por parte de funcionarios de la Policía Local que, pese a haberlo solicitado en diversas vías, aún no han sido identificados”.

Además, en los escritos de alegaciones se denuncia que, con esta actuación policial, “se impidió el ejercicio de sus derechos políticos e individuales a concejales miembros de la Corporación” y se precisa que los funcionarios de la Policía Local no sólo no cuestionaron la ilegalidad de la orden recibida, sino que golpearon a los ediles y técnicos allí presentes, imposibilitándoles el acceso a las dependencias municipales, “recortando así, bajo violencia, tanto sus funciones como derechos fundamentales contemplados en la Constitución y en las leyes”.

Lesiones producidas por los agentes

Fruto de estas agresiones policiales, los concejales de IU sufrieron diversas lesiones por las que tuvieron que ser atendidos en sus respectivos centros de salud y que están debidamente acreditadas en sus correspondientes recursos.  

Desde Izquierda Unida insisten además en el hecho de que, más de cuatro meses después de aquellos lamentables hechos, “seguimos esperando los registros gráficos de las cámaras de seguridad de la Casa Consistorial”, donde se comprobará el brutal desalojo que ese día sufrieron tanto los trabajadores de Lipasam como los concejales y el personal técnico de los grupos municipales de IU y Participa Sevilla.

“Desde Izquierda Unida no nos vamos a dejar avasallar ante las prácticas represivas del gobierno local del PSOE”, advierte González Rojas, quien reitera que los responsables y cargos públicos de esta organización política “seguiremos luchando en las calles y en la institución, dando voz a quien no la tiene, apoyando el derecho a la protesta y denunciando las políticas cortijeras e indecentes de Espadas y su equipo de gobierno”.

 

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