IU y Participa lamentan el empecinamiento de Espadas por convertir el convento de Santa Clara en un pozo sin fondo para el Ayuntamiento

Izquierda Unida y Participa Sevilla han criticado el “empecinamiento” del gobierno de Juan Espadas (PSOE) por reeditar un nuevo convenio con el Arzobispado en torno al monasterio de Santa Clara, que conllevaría el pago de otros tres millones de euros por parte del Ayuntamiento a la Diócesis, a pesar de que ésta aún no ha transferido la propiedad del convento a manos municipales. Asimismo, han mostrado su rechazo a la externalización de la intervención en este edificio, algo que hasta ahora siempre había venido realizando el Consistorio a través de la Gerencia de Urbanismo.

Tanto IU como Participa se han opuesto este miércoles en el consejo de la Gerencia de Urbanismo a la novación del convenio de Santa Clara suscrito por el Ayuntamiento con la Archidiócesis en 2001, que se ha aprobado con los votos a favor de PSOE, PP y Cs, al entender que no hay necesidad de convertir este monasterio en “un pozo sin fondo”. Ambas formaciones políticas consideran que, antes de firmar nada, el Consistorio hispalense tendría que exigirle a la Iglesia el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el acuerdo que está en vigor.

Desde IU y Participa defienden que el Ayuntamiento ha afrontado “de sobra” sus compromisos adquiridos en el convenio de 2001, habiendo aportado desde entonces más de dos millones de euros a la rehabilitación del Palacio Arzobispal y otros ocho a la restauración del monasterio, además de cederle a la Diócesis el solar del antiguo Cine Ideal. Pero, por el contrario, la Iglesia continúa sin cambiar las escrituras en el Registro de la Propiedad para que la titularidad del inmueble pase a ser municipal, algo que, según el acuerdo suscrito entre ambas partes hace 17 años, se realizaría en el plazo de dos meses, punto jamás cumplido.

Para IU y Participa, no hay razón alguna que justifique la novación del convenio de compraventa y el pago de otros tres millones de euros más a la Archidiócesis. Más aún cuando en el documento actualizado no se establece ninguna obligación respecto de que ese dinero tenga que destinarse a la rehabilitación de la iglesia, ni ninguna concreción sobre actuaciones o plazos para desarrollarlas.

En contra de la externalización de las obras

Por otro lado, ambas formaciones han mostrado su oposición a la externalización de las actuaciones a llevar a cabo en el edificio, ya que a partir de ahora será el propio Arzobispado el encargado de contratar a unas empresas para ello. Una decisión que IU y Participa no comparten, ya que en la práctica supondrá que el Ayuntamiento pierda gran parte del control de estas obras.

Según estos grupos políticos, debería ser la Gerencia de Urbanismo quien asuma esta responsabilidad para poder tener el control de los tiempos y de los costes en función del resto de necesidades de la ciudad. Además, también han criticado la renuncia del gobierno de Espadas a que las intervenciones en defensa del patrimonio de Sevilla sean decididas por expertos independientes en Patrimonio. "¿Por qué se resuelve actuar en Santa Clara y no en las murallas de la Macarena, que se caen a cachos?”, se preguntan desde ambas formaciones.

Ausencia de transparencia en todo el proceso

Al hilo de esto, Izquierda Unida y Participa han vuelto a denunciar la escasa transparencia con que esta operación se ha venido gestionando desde el principio. Asimismo, han recordado que siguen a la espera de las explicaciones del gobierno local en relación con los posibles solares que la Diócesis podría haber recibido del Ayuntamiento como “contraprestación”, tal y como consta en una carta remitida por la Congregación del Clero al Papa que se incluye en el expediente municipal de Santa Clara y que está fechada el 24 de septiembre de 2001.

En este sentido, ambas formaciones argumentan que, antes de “tocar” el convenio actual, el gobierno de Espadas tendría que rendir cuentas a la ciudadanía, aclarando cuánto se ha gastado ya el Consistorio en este convento y cuánto ha ganado la Diócesis hasta la fecha, ya sea mediante la adquisición de solares (tanto los recogidos en el acuerdo inicial como los que no) o las obras efectuadas por la Administración local. Del mismo modo –agregan- “debería explicarse públicamente por qué el edificio se encuentra aún a nombre de la jerarquía eclesiástica”.

Por último, IU y Participa concluyen que no es de recibo que se le garanticen tres millones de euros más de las arcas públicas a la Iglesia Católica con cargo a un presupuesto municipal, el del próximo año, que aún no sabemos si se aprobará o no, y que además hipotecaría seriamente al gobierno local que salga de las urnas en mayo de 2019.

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