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Moción para la defensa de una reforma urgente de la financiación local

Desde hace más de 35 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, que se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo. Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales mejorar la financiación municipal.

Ni los gobiernos del PP ni los del PSOE resolvieron jamás el problema de la financiación local. Especialmente en el último mandato de gobiernos del PP, cuando una serie de medidas austericidas de los sucesivos ejecutivos de Mariano Rajoy cronificaron la situación al aumentar la asfixia económica de los ayuntamientos y comunidades autónomas y el adelgazamiento de lo público.

La llegada del actual Gobierno de Coalición, junto con los acuerdos del Programa de Gobierno análogos, constituyen una oportunidad histórica para abordar plenamente las reformas que reclaman las entidades locales. En el acuerdo se cita textualmente que el Gobierno de coalición ‘ampliará las competencias y capacidades de los gobiernos locales, garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios como unidad territorial básica. En esta misma línea, derogaremos la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir unos tributos propios mínimos (sin perjuicio de otros que puedan ser reconocidos por la legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la participación en los ingresos del Estado’. Esta cuestión debe ser prioritaria, por tanto, para el Gobierno de coalición.

Y, especialmente, por el trascendental papel que han jugado los ayuntamientos en la contención socioeconómica de los efectos causados por la crisis sanitaria del COVID, con un esfuerzo inversor importante, asumiendo competencias impropias y realizando esfuerzos encomiables para ampliar el escudo social para proteger a las familias, bonificar en tasas a la hostelería y al comercio local, o garantizar servicios sociales básicos.

Ya antes de la pandemia los gobiernos locales eran los entes políticos que prestaban y prestan servicios públicos esenciales desde la proximidad, amparados en el principio constitucional de autonomía. Como tales, requieren de un sistema de financiación estable que garantice la cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos en el marco de sus competencias al menos al mismo nivel que el resto de los gobiernos territoriales.

El sistema de financiación local debe combinar la presencia de un espacio fiscal propio que incluya impuestos (propios y compartidos), tasas, precios públicos y, en su caso, contribuciones especiales, que permita a los gobiernos locales ejercer su autonomía y corresponsabilidad fiscal, con un conjunto de transferencias incondicionales (procedentes tanto de la Administración Central como de las Administraciones Autonómicas) que cubran la brecha existente entre las necesidades de gasto estimadas con base a las competencias asumidas y a la capacidad fiscal propia que emana de las bases tributarias disponibles.

El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en la que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.

En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: “la presente ley regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) siempre ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos. Ejemplo de ello son la declaración y resoluciones, tanto las aprobadas en el XII Pleno de la FEMP ‘Compromiso con la financiación local’ -donde se hace un llamamiento público para impulsar de manera definitiva un compromiso de reforma de las haciendas locales, mediante el apoyo a iniciativas como mejorar la financiación y la gestión económica de los ayuntamientos, suprimir las limitaciones existentes al destino del superávit local y las rigideces de la regla de gasto y sanear la situación de municipios en riesgo financiero-, como los acuerdos más recientes de mayores transferencias de fondos de reconstrucción COVID desde el Estado a los ayuntamientos. El pasado 9 de septiembre la FEMP reclamó incluso a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, avanzar en el nuevo modelo de financiación local, especialmente en el contexto de políticas de reconstrucción económica y participación en los impuestos de las administraciones públicas.

Estos compromisos están sobre la mesa desde la redacción del informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Local con el que se dió cumplimiento al acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de febrero de 2017 por el que se constituyó la citada comisión. Ésta estuvo formada por cinco expertos independientes designados por el Gobierno del PP, al frente en ese momento del ejecutivo, y otros cinco designados por la FEMP. Es necesario, por tanto, garantizar un debate conjunto sobre financiación autonómica y local que permita abordar la necesaria financiación local de un modo global y con un modelo concertado entre Gobierno central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, viene a proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes

ACUERDOS

  • Instar al Gobierno del Estado a iniciar de manera urgente la derogación de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, aprobando una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales y a la derogación de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por tratarse de una legislación lesiva para la autonomía y suficiencia financiera local.
  • Instar al Gobierno del Estado a cumplir el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda sobre gestión directa de los Fondos Europeos de Reconstrucción Económica de Ayuntamientos y cabildos insulares de, al menos, el 15% del total de los transferidos al Estado español.
  • Instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las reformas legislativas necesarias para introducir de manera amplia elementos de progresividad en el conjunto de tributos en atención a la capacidad económica del contribuyente.
  • Instar al Consjo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que cumpla para los Presupuestos de 2022 con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recogiendo para el Ayuntamiento de Sevilla las cantidades adeudadas que ascienden a 50.770.542 euros.
  • Instar al Gobierno del Estado a abordar las reformas necesarias en lo tocante a la propiedad inmobiliaria, en tanto en cuanto la base imponible fijada al territorio es la base nuclear de la fiscalidad local, cambiando el método de valoración de los inmuebles para calcular la base imponible de una forma más real y poder aplicar criterios de progresividad (la aplicación del ‘valor catastral’ se ha demostrado insuficiente y desigual). Aumentar la horquilla de los tipos de gravamen aplicables para garantizar mayor autonomía a los Ayuntamientos. Regular el recargo sobre bienes inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente (viviendas vacías) para que se pueda aplicar con seguridad jurídica.
  • Instar al Gobierno del Estado y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a realizar las reformas legislativas necesarias para dar un tratamiento más favorable a la vivienda habitual frente a segundas viviendas, abriendo así la posibilidad de gravar a los pisos turísticos como una actividad económica y no residencial.
  • Instar al Gobierno del Estado a revisar los beneficios fiscales de la Iglesia Católica en lo tocante a tributos como el IBI.
  • Instar al Gobierno del Estado a reforzar la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado, garantizando que las transferencias del Estado a los Ayuntamientos cumplen unos compromisos sobre su evolución y revisión permanente, evitando las importantes desviaciones (la volatilidad de los resultados definitivos), que han dado lugar a devoluciones relevantes por parte de los municipios y han deteriorado fuertemente sus capacidades presupuestarias en momentos de crisis aguda.
  • Instar al Gobierno del Estado a que mantenga el sistema de coparticipación en las grandes figuras tributarias (IRPF, IVA e Impuestos Especiales), al menos para las ciudades, así como a estudiar la posibilidad de ceder a esos gobiernos locales alguna forma de competencia normativa. Del mismo modo, permitir que los ayuntamientos puedan incrementar sus recursos estableciendo recargos sobre la cuota estatal del IRPF.
  • Instar al Gobierno del Estado, mientras no se apruebe la ley de financiación local, que presente con urgencia una modificación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que sitúe el marco jurídico de este impuesto en los términos establecidos en las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y a que incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 de un fondo de compensación por las pérdidas ocasionadas a los Ayuntamientos.

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