IU preguntará al alcalde en el Pleno por las «graves irregularidades» de las cuentas de la Appes

José Manuel García: “Zoido no puede irse de rositas en un tema tan serio. Está obligado a dar todas las explicaciones que sean necesarias”

Izquierda Unida preguntará al Gobierno de Zoido en el próximo Pleno del Ayuntamiento por las “graves irregularidades” detectadas en las cuentas de la Asociación para la Promoción Exterior de Sevilla (Appes) por el interventor municipal y que han sido plasmadas en un reciente informe donde, entre otras cosas, el alto funcionario cuestiona la última subvención de un millón de euros otorgada por el Consistorio a este ente, al tiempo que censura diversos gastos realizados con estos fondos públicos.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz municipal de IU, José Manuel García, quien subraya que Zoido “no puede irse de rositas en un tema tan serio” y está “obligado a dar todas las explicaciones necesarias” sobre los “numerosos reparos” que el interventor ha vuelto a plantear respecto de la gestión de la Appes.

“El alcalde de la transparencia y de las luces y taquígrafos debe dejar de esconderse y dar la cara de una vez”, ha indicado García. Y es que resulta “inadmisible” que, una semana después de que IU sacara a la luz las irregularidades descubiertas por el interventor, “Zoido siga callado, como si la cosa no fuera con él”. “Hemos pedido copia del informe, pero hasta ahora el PP no nos la ha facilitado. De ahí que no nos quede más remedio que llevar el asunto al Pleno del Ayuntamiento”, ha remarcado el portavoz de IU.

En concreto, la federación de izquierdas quiere saber qué tiene que decir el alcalde ante las últimas anomalías reveladas en las cuentas de la Appes y si “en esta ocasión” piensa atender las advertencias del interventor o, si por el contrario, continuará ignorándolas, como viene haciendo hasta ahora.

Del mismo modo, IU preguntará a Zoido si su gobierno tiene previsto reconsiderar la figura de la subvención nominativa a esta entidad, tal y como le propone el alto funcionario, al entender que sus gastos no se adecuan a la ley, y si paralizará los pagos del millón de euros correspondientes a 2014 hasta en tanto no se aclaren todos las dudas relativas a las actividades y contratos de la Appes.  

Al hilo de esto cabe recordar que, pese a la gravedad de las observaciones formuladas por el interventor en su informe, el Gobierno local no tuvo ningún problema en aprobar la cuenta justificativa presentada por la Appes en la Junta de Gobierno local del pasado 4 de julio. Esta forma de proceder, según García, “contrasta radicalmente con el máximo respeto que el alcalde habitualmente dice profesar a los funcionarios que trabajan en el Ayuntamiento de Sevilla”.

Además, desde IU añaden que no es la primera vez que el encargado de velar por la legalidad de las cuentas municipales pone en entredicho la gestión y el modus operandi de la Appes. No hay que olvidar que el Gobierno local del PP ha realizado en lo que va de mandato transferencias a esta entidad por un importe de tres millones de euros en tres aportaciones distintas “y que todas han sido cuestionadas por la Intervención”. 

Especialmente graves fueron los numerosos defectos de formas y anomalías que el año pasado se conocieron sobre los gastos y contrataciones efectuadas por esta asociación con motivo de la celebración de la Copa Davis en Sevilla en 2011. Tanto el interventor como la jefa de servicio del Área de Economía ya alertaron entonces de contratos firmados con empresas antes de que se formalizara la adjudicación; de modificaciones e incrementos de coste sin justificar; de empresas que habían accedido a contratos sin presentar presupuesto; de falta de transparencia respecto a los ingresos por los patrocinios y ventas de entrada, etcétera.

“Lamentablemente, el tiempo nos ha terminado dando la razón”, ha señalado el portavoz de IU. Así, ha recordado que su fuerza política fue la única que se opuso en su día a la decisión de Zoido de ampliar la capacidad de contratación de la APPES, que con el PP ha pasado de un máximo de 60.000 euros a un millón de euros. Todo ello con el único objetivo –ha recalcado— de evitar los controles propios de la Administración Pública y de sortear cualquier fiscalización por parte de la oposición. “Las consecuencias las estamos padeciendo ahora”, ha sentenciado García.