Por el mantenimiento del empleo y la nacionalización de Abengoa
Izquierda Unida ha participado este jueves en la concentración de apoyo a los trabajadores de Abengoa llevada a cabo ante el campus Palmas Altas.
Tanto nuestra concejala, Eva Oliva, como la portavoz parlamentaria, Elena Cortés, han asistido a la asamblea informativa convocada por CCOO para debatir con la plantilla la situación de la compañía y valorar el plan de viabilidad. Un encuentro que, incomprensiblemente, ha tenido que celebrarse a las puertas de la empresa por la actitud antisindical de la dirección, que no ha permitido que se hiciera dentro.
También hubo en esta concentración una presencia activa de militantes del Partido Comunista de Andalucía (PCA), con su secretario político local al frente, Ismael Sánchez.
Desde que el Grupo Abengoa solicitara el preconcurso de acreedores, ante la imposibilidad de afrontar sus deudas, Izquierda Unida ha defendido a capa y espada la intervención del Estado con el objetivo de garantizar el empleo, el mantenimiento de la actividad industrial y las condiciones socio-laborales de los trabajadores y trabajadoras.
Y si para ello hay que nacionalizar la compañía, pues que se haga. Pero no para devolverla a manos privadas, una vez saneadas las cuentas, sino para implicar al Estado en su posterior gestión. O dicho de otro modo: para que Abengoa pase a ser una empresa pública fuerte que impulse una política industrial diferente y un modelo energético basado en las energías renovables y, en última instancia, en la satisfacción de las necesidades de la mayoría social.
Lo que no se puede consentir es que la pésima gestión de los directivos de la compañía la paguen los trabajadores y que Abengoa esté en una situación de quiebra 
después de que en este país se hayan desembolsado miles de millones de euros en rescatar a la banca.
Y es que la de Abengoa representa, como pocas compañías, ese paradigma del capitalismo castizo español, donde se mezclan sin pudor los intereses privados y públicos y donde los amiguetes de los partidos del régimen gestionan empresas y dilapidan lo que es de todos.
Este caso debería hacernos reflexionar sobre el modelo de crecimiento económico que se ha fomentado en nuestro país en estos años. Y tendría que servir también para abrir, nuevamente, el debate sobre la necesidad de contar con una banca pública con la que poder proteger a la ciudadanía, reducir el imponente poder de la oligarquía financiera y transformar nuestro modelo productivo en beneficio de la mayoría social.
