PROPUESTA DE RESOLUCIÓN RELATIVA A LA SITUACIÓN DE DESIGUALDAD SOCIAL Y TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE SEVILLA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sevilla no puede seguir mirando hacia otro lado ante una realidad que atraviesa la ciudad desde hace décadas: la desigualdad social, económica, urbana y territorial no es un fenómeno puntual, sino una fractura estructural que condiciona la vida cotidiana, las oportunidades y hasta la esperanza de vida de miles de vecinos y vecinas.

Nuestra ciudad convive con una imagen exterior de éxito turístico, crecimiento económico y grandes eventos, mientras en demasiados barrios persisten situaciones de pobreza, desempleo, infravivienda, falta de equipamientos públicos, deterioro del espacio urbano, cortes de suministros básicos, saturación de los servicios sociales y ausencia de políticas públicas sostenidas. Sevilla no puede resignarse a ser una ciudad partida en dos: una Sevilla escaparate y una Sevilla que lucha cada día por llegar a fin de mes.

Los datos oficiales son contundentes. La edición 2025 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística sitúa nuevamente a zonas de Sevilla entre las de menor renta neta media anual por habitante de todo el Estado. En concreto, la zona 4-E, correspondiente a Los Pajaritos y Amate, aparece con 7.311 euros por habitante, y la zona 5-A, correspondiente al Polígono Sur, con 7.422 euros. No hablamos de una percepción subjetiva ni de una queja vecinal aislada: hablamos de barrios sevillanos que figuran en los peores indicadores de renta de España.

La desigualdad en Sevilla no se expresa solo en términos de ingresos. También se expresa en salud, vivienda, empleo, educación, cuidados, movilidad, acceso a zonas verdes, calidad del espacio público y esperanza de vida. El V Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía, coordinado por la Universidad de Sevilla y la Cátedra de Vivienda, analiza las desigualdades socioterritoriales en las ciudades andaluzas y evidencia cómo el código postal determina las condiciones materiales de vida. Diversas publicaciones sobre este informe han señalado diferencias de esperanza de vida de hasta 8,8 años entre zonas como Santa Clara y Polígono Sur. Dicho de forma clara: en Sevilla, nacer en un barrio u otro puede significar vivir casi una década menos.

Esta realidad es incompatible con una ciudad democrática, justa y cohesionada. La desigualdad mata, enferma, expulsa, empobrece y rompe comunidad. Esto es el resultado de decisiones políticas, de inversiones desiguales, de abandono institucional, de precariedad laboral, de especulación inmobiliaria y de un modelo de ciudad que ha puesto demasiadas veces los intereses económicos por delante de las necesidades de la mayoría social trabajadora.

La Memoria 2025 de Cáritas Sevilla vuelve a mostrar la profundidad de la emergencia social. En 2025, Cáritas acompañó en Sevilla a 33.840 personas, de las cuales 30.279 fueron atendidas desde la atención primaria parroquial. La entidad invirtió 9.962.998 euros en la promoción y dignificación de la persona, destinando el 87% de su inversión total directamente a acción social. Estos datos muestran, por un lado, la importancia del tejido social y solidario de la ciudad; pero, por otro, evidencian una cuestión que debe interpelar directamente a las administraciones públicas: ninguna red asistencial, por necesaria que sea, puede sustituir a unos servicios públicos fuertes, suficientes, universales y cercanos.

También EAPN Andalucía, en su XV Informe sobre el Estado de la Pobreza en Sevilla, advierte de que la provincia refleja contrastes significativos: mejora en algunos indicadores laborales y educativos, pero también profundización de la brecha salarial, feminización de la precariedad y una presión creciente sobre la vivienda habitual. Según dicho informe, en la provincia de Sevilla 212.951 mujeres tenían en 2023 ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, lo que representa el 53,2% del total de mujeres ocupadas de la provincia. La desigualdad en Sevilla tiene, por tanto, una dimensión de clase, de género, territorial, de origen y de diversidad funcional que exige políticas públicas integrales.

El informe de CCOO Andalucía sobre rentas salariales y desigualdad en Sevilla señala que el 44,8% de las personas asalariadas en la provincia cobra menos o igual al SMI anual. El salario medio anual se situó en 2024 en 21.876 euros brutos, con una brecha del 14,1% respecto a la media nacional. Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres en Sevilla sigue siendo muy elevada, con ingresos medios de las mujeres que tendrían que incrementarse en torno a un 31% para igualarse a los de los hombres. Estos datos desmienten cualquier relato triunfalista: tener empleo ya no garantiza necesariamente vivir con dignidad.

La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento y expulsión. COCEMFE Sevilla ha señalado que la pobreza y la vivienda constituyen una emergencia social persistente, especialmente grave para personas con discapacidad, familias con bajos ingresos, personas mayores, mujeres solas con menores a cargo, jóvenes y personas migrantes. El encarecimiento del alquiler, la proliferación de viviendas turísticas, la insuficiencia del parque público de vivienda y la pérdida de poder adquisitivo están agravando la desigualdad residencial y expulsando a población trabajadora de sus barrios.

A esta situación se suma la denuncia pública de APDHA Sevilla, que ha advertido de que mientras la pobreza se recrudece en muchos barrios, el Ayuntamiento de Sevilla ha devuelto más de dos millones de euros destinados a la atención de colectivos vulnerables. Este hecho resulta especialmente grave en una ciudad con barrios situados entre los de menor renta de España, con servicios sociales tensionados y con necesidades urgentes en materia de inclusión, vivienda, infancia, juventud, personas sin hogar, población migrante y atención comunitaria.

La situación de los servicios sociales municipales requiere una respuesta inmediata. En los últimos años, profesionales, sindicatos, entidades sociales y vecinales han venido denunciando la sobrecarga de los centros de servicios sociales, la falta de personal suficiente, la rotación de plantillas, la demora en citas, la dificultad para tramitar ayudas y la imposibilidad de desarrollar trabajo comunitario y preventivo. Una ciudad con seis de los barrios más pobres de España no puede tener unos servicios sociales funcionando al límite. Los servicios sociales no pueden ser una ventanilla de emergencia permanente; deben ser una red pública de derechos, prevención, acompañamiento y transformación comunitaria.

El Ayuntamiento de Sevilla tiene competencias y responsabilidades que no puede eludir. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce competencias municipales en materias directamente relacionadas con esta resolución, como urbanismo, vivienda, medio ambiente urbano, infraestructura viaria, servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades, movilidad, transporte colectivo urbano, instalaciones deportivas, cultura, participación ciudadana y protección de la salubridad pública. La ciudad no puede esperar únicamente a otras administraciones: debe ejercer plenamente sus competencias, exigir cooperación institucional y poner todos sus recursos al servicio de la cohesión social.

Asimismo, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a las administraciones a publicar de forma periódica y actualizada la información relevante para garantizar la transparencia de su actividad. En una ciudad atravesada por desigualdades tan profundas, la transparencia no puede limitarse a publicar presupuestos generales: es necesario conocer con claridad cuánto se invierte, dónde se invierte, con qué criterios, con qué impacto y con qué resultados en cada barrio y distrito.

Desde una perspectiva de justicia social, Sevilla necesita una estrategia municipal contra la desigualdad que no se limite a campañas, diagnósticos o actuaciones aisladas. Necesita presupuestos, personal, planificación, indicadores, evaluación pública, participación vecinal y prioridad política. Necesita que los barrios con peores indicadores de renta, salud, vivienda, empleo y exclusión reciban más inversión pública, más servicios, más equipamientos y más presencia institucional. La igualdad no consiste en tratar igual a quien parte de situaciones radicalmente desiguales; consiste en poner más recursos donde más falta hacen.

El Ayuntamiento de Sevilla debe abandonar la lógica de las intervenciones puntuales, los anuncios sin ejecución y el urbanismo de escaparate y el pelotazo. Debe construir una política pública estable para los barrios que concentran mayores niveles de vulnerabilidad: Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Torreblanca, Su Eminencia, Palmete, Padre Pío, El Cerezo, San Jerónimo, zonas de Macarena Norte, Bellavista, Los Carteros, Pino Montano y otros ámbitos con necesidades sociales y urbanas acumuladas.

La lucha contra la desigualdad debe incorporar medidas de empleo digno, vivienda pública, rehabilitación urbana, eficiencia energética, mejora del espacio público, refuerzo educativo, apoyo a la infancia, juventud y mayores, accesibilidad universal, salud comunitaria, cultura de proximidad, deporte de base, movilidad justa, zonas verdes, seguridad desde la convivencia y servicios sociales reforzados. La seguridad de los barrios no se construye con abandono, estigmatización o discursos de odio; se construye con derechos, oportunidades, servicios públicos y comunidad organizada.

Por todo ello, el Grupo Municipal Con Podemos–Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Aprobar la elaboración, en el plazo máximo de seis meses, de un Plan Municipal contra la Desigualdad Social y Territorial de Sevilla 2026-2030, que utilice lo ya diagnosticado en el Plan Local para la Cohesión e Inclusión Social, con participación de los grupos municipales, Juntas Municipales de Distrito, entidades vecinales, sindicatos, entidades sociales, universidades públicas y profesionales de los servicios municipales. Dicho plan deberá incluir, al menos:

a) Un diagnóstico actualizado por barrios y distritos sobre renta, desempleo, vivienda, salud, esperanza de vida, pobreza infantil, brecha digital, accesibilidad, equipamientos, zonas verdes, servicios sociales y calidad del espacio público.

b) Un mapa municipal de vulnerabilidad social y territorial con indicadores públicos, actualizados y accesibles.

c) Objetivos medibles de reducción de desigualdad, con calendario, presupuesto, áreas responsables e indicadores de seguimiento.

d) Priorización de los barrios con menores niveles de renta y mayores indicadores de vulnerabilidad.

e) Evaluación anual en Pleno, con comparecencia del Gobierno municipal y posibilidad de participación de entidades sociales y vecinales.

SEGUNDO. Reforzar de manera urgente la red municipal de servicios sociales comunitarios, especialmente en los centros que atienden a los barrios con mayores niveles de pobreza y exclusión, mediante:

a) Un plan de choque de contratación y estabilización de personal técnico, administrativo, educativo y de apoyo comunitario y cobertura de todas las vacantes.

b) La reducción de tiempos de espera para primera cita, tramitación de ayudas y seguimiento familiar.

c) La recuperación del trabajo social comunitario y preventivo, especialmente en infancia, juventud, salud mental, sinhogarismo, dependencia, violencia machista, población migrante y familias en situación de emergencia habitacional.

d) La garantía de que no se devuelvan fondos destinados a colectivos vulnerables por falta de gestión, planificación o ejecución municipal.

e) La remisión trimestral al Pleno de un informe de ejecución presupuestaria de las partidas sociales vinculadas a vulnerabilidad, emergencia social, infancia, vivienda, personas sin hogar, cooperación con entidades sociales y atención a colectivos vulnerables.

TERCERO. Poner en marcha un Programa Extraordinario de Inversión Pública en Barrios con Necesidades Preferentes, dotado presupuestariamente en las cuentas municipales de 2027 y con posibilidad de incorporación de remanentes, fondos europeos, convenios con otras administraciones y financiación plurianual. Este programa deberá priorizar:

a) Rehabilitación de viviendas y edificios, mejora de la eficiencia energética y lucha contra la pobreza energética.

b) Mejora integral de acerados, calzadas, alumbrado, limpieza, zonas verdes, arbolado, sombra, mobiliario urbano y accesibilidad universal.

c) Equipamientos públicos de proximidad: centros cívicos, bibliotecas, instalaciones deportivas, espacios juveniles, aulas de formación, centros de mayores y espacios comunitarios.

d) Refuerzo del transporte público y mejora de la conectividad de los barrios periféricos y populares con el conjunto de la ciudad.

e) Actuaciones de salud comunitaria, refugios climáticos, renaturalización urbana y adaptación al cambio climático en los barrios más vulnerables.

CUARTO. Desarrollar una estrategia municipal de vivienda como derecho y no como mercancía, orientada a frenar la expulsión de población trabajadora y a atender la emergencia residencial, que incluya:

a) Incremento del parque municipal de vivienda pública en alquiler social, con precios vinculados a la renta de las familias y que no superen el 20% de sus ingresos.

b) Refuerzo de EMVISESA como instrumento público de vivienda, priorizando alquiler asequible, rehabilitación, mediación y atención a familias vulnerables.

c) Reserva de suelo público para vivienda protegida y alquiler social en el planeamiento urbanístico.

d) Movilización de vivienda vacía hacia alquiler asequible, con garantías públicas y mecanismos de intermediación.

e) Medidas municipales para limitar la presión de las viviendas turísticas en zonas tensionadas y proteger el uso residencial de los barrios.

f) Coordinación con la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para ampliar los recursos de emergencia habitacional, alojamientos temporales, programas de mediación y prevención de desahucios.

QUINTO. Crear un Observatorio Municipal de Desigualdad, Barrios y Derechos Sociales, adscrito al Ayuntamiento de Sevilla y con participación de las universidades públicas, entidades sociales, organizaciones vecinales y agentes sociales, y que esté en coordinación con el Observatorio de Desigualdad de Andalucía, con las siguientes funciones:

a) Elaborar informes anuales sobre desigualdad social y territorial en Sevilla.

b) Publicar datos abiertos por barrios y distritos sobre renta, vivienda, empleo, servicios sociales, equipamientos, salud comunitaria, movilidad, zonas verdes e inversión municipal.

c) Evaluar el impacto territorial de los presupuestos municipales.

d) Incorporar perspectiva de género, infancia, juventud, discapacidad, origen, edad y clase social en todos los análisis.

e) Proponer recomendaciones de política pública para reducir la brecha entre barrios.

f) Garantizar que toda la información sea pública, accesible, comprensible y reutilizable, de conformidad con la normativa de transparencia.