Apoyo a las personas trabajadoras de atención directa a menores en los centros de protección y justicia juvenil de la ciudad de Sevilla (Propuesta para Comisión de Control- Junio 2025)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La muerte de una educadora social en Badajoz ha visibilizado las condiciones de inseguridad, precariedad y abandono institucional en las que muchas trabajadoras y trabajadores del sistema de protección de menores desarrollan su labor. Este trágico suceso no es un hecho aislado, sino el resultado de años de deterioro progresivo del sistema de atención a la infancia vulnerable, especialmente en aquellos recursos que atienden a menores bajo tutela de la administración o en conflicto con la ley. Sevilla capital no es ajena a esta situación.
En la ciudad de Sevilla operan actualmente al menos seis centros de atención residencial básica para menores, además de centros especializados en problemas de conducta, conflicto psicosocial y discapacidad grave. También existen dos centros destinados a la primera acogida de menores en situación de urgencia, entre ellos el centro TORIBIO (con 35 plazas) y el centro HELIÓPOLIS (femenino). Asimismo, se encuentra en funcionamiento un centro COILS (Miguel de Mañara, gestionado por SAMU) destinado a jóvenes de entre 16 y 18 años en procesos de transición a la vida adulta.
Todos estos centros en la ciudad de Sevilla son de gestión privada mediante concierto social, lo que implica que las condiciones laborales de su personal están reguladas por el convenio estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores, con salarios sensiblemente inferiores a los percibidos por los trabajadores de los pocos centros públicos existentes en la provincia. Mientras que en los centros gestionados directamente por la Junta de Andalucía (ubicados en Carmona y Marchena) los profesionales perciben sueldos superiores a 32.000 euros anuales, en los centros concertados de Sevilla capital los salarios rondan los 22.000 a 25.000 euros anuales. Esta diferencia, superior a 10.000 euros brutos anuales, supone una desventaja estructural que repercute negativamente en la estabilidad y la calidad del trabajo educativo.
Esta desigualdad también se refleja en los centros de justicia juvenil, como el CIMI Los Alcores (en Carmona), donde se han producido recientemente agresiones al personal, según han denunciado las organizaciones sindicales. Aunque dicho centro está fuera del término municipal de Sevilla, muchos de los menores atendidos proceden de nuestra ciudad, y las consecuencias de una intervención insuficiente o precaria afectan directamente a la comunidad sevillana.
La ausencia de centros públicos de protección o reforma juvenil en la ciudad de Sevilla limita la capacidad de intervención directa de la administración y deja en manos del sector privado la mayor parte de la responsabilidad sobre la infancia más vulnerable. Esta situación genera serios interrogantes sobre el cumplimiento de los principios de calidad, estabilidad y equidad en la prestación de estos servicios esenciales.
La legislación estatal y autonómica es clara al respecto: la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece que la intervención debe tener un carácter educativo y que las condiciones materiales y humanas deben ser adecuadas. La Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía y el Decreto 355/2003 exigen una organización basada en la calidad técnica, el interés superior del menor y el funcionamiento en condiciones similares a un hogar.
En consecuencia, es urgente adoptar medidas estructurales que permitan:
- Mejorar las condiciones laborales del personal.
- Reforzar la supervisión pública de los servicios externalizados.
- Avanzar hacia una red de centros de gestión directa en la ciudad de Sevilla.
- Garantizar entornos seguros tanto para menores como para profesionales.
Desde el Ayuntamiento de Sevilla debemos comprometernos activamente con la mejora del sistema de protección de menores en nuestra ciudad. La precariedad laboral, la inseguridad y la externalización sin control no pueden seguir marcando la atención a la infancia más vulnerable. Reforzar el modelo público, garantizar condiciones laborales dignas y asegurar la protección integral de los menores atendidos es una cuestión de justicia y de derechos humanos.
El Ayuntamiento de Sevilla, como institución comprometida con los derechos de la infancia y la justicia social, debe manifestar su preocupación y exigir a la Junta de Andalucía un cambio de modelo. Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el grupo político Con Podemos – Izquierda Unida, viene a proponer los siguientes
ACUERDOS
- Mostrar el reconocimiento institucional a las personas trabajadoras de atención directa a menores en la ciudad de Sevilla, cuya labor es esencial para la protección, educación y reinserción social de menores en situación de especial vulnerabilidad.
- Instar a la Junta de Andalucía a que:
a) Cumpla de forma inmediata el V Convenio Estatal de Reforma Juvenil y Protección de Menores en todos los centros concertados ubicados en la ciudad de Sevilla.
b) Elimine las licitaciones basadas exclusivamente en criterios de bajo coste y asegure pliegos que prioricen la calidad asistencial, las condiciones laborales y la seguridad del personal.
c) Aplique un plus de peligrosidad a todas las personas trabajadoras de atención directa en centros de protección y reforma juvenil.
d) Inicie los estudios necesarios para la apertura de centros de protección y reforma juvenil de gestión directa en la ciudad de Sevilla.
e) Desarrolle auditorías periódicas de los centros concertados y establezca mecanismos de evaluación de calidad vinculantes.
f) Cree un registro autonómico del personal del sistema de protección de menores.
g) Refuerce los observatorios de infancia y justicia juvenil, integrando la participación sindical y profesional en la evaluación de los servicios.
h) Implemente protocolos específicos de prevención y actuación ante agresiones, con garantías de protección para el personal afectado.
3. Instar al Parlamento de Andalucía a promover un debate amplio sobre el modelo de protección y reforma juvenil, con participación de profesionales, sindicatos, entidades sociales y administraciones, incluyendo la perspectiva municipal de Sevilla y el resto de municipios andaluces.
4. Dar traslado de esta moción a:
- Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
- Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.
- Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud.
- Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.
- Defensor del Pueblo Andaluz.
- Organizaciones sindicales del sector.
- Colegios profesionales de Educación Social, Trabajo Social y Psicología.
