Cuando el daño, una vez más, ya estaba hecho

La Sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla acaba de hacer público el auto 835/13 http://bit.ly/18OEqAv mediante el que procede al archivo y sin posibilidad de recurso de una denuncia contra los compañeros Antonio Rodrigo Torrijos y Carlos Vázquez.

Los medios de comunicación que entonces publicaron ríos de tinta y portadas escandalosas, han escondido vergonzantemente esta noticia objetivamente tan importante como la publicación de los hechos iniciales. Así de dura es la vida. Honrosas excepciones siguen quedando, no obstante.

En plena precampaña electoral para las municipales de mayo de 2011, concretamente el 11 de abril, se produce la imputación de Torrijos, nuestro aspirante a la alcaldía y por entonces Primer Teniente de Alcalde de Sevilla, y de Carlos Vázquez, en ese momento Delegado de Economía y Empleo y también candidato. El daño perseguido, obviamente, se pretendía en las inminentes elecciones a tan solo seis semanas vista. La trama, la sede de la empresa Sevilla Global, lugar en el que trascurre esta comedia, que sirve de munición electoral al Partido Popular y, posteriormente, a todo el coro mediático que le ayuda, conocido en Sevilla como Tea Party Local, radicales de la manipulación y de las mentiras.

Ese sainete, con vocación de tragedia griega, termina en una obra chusca que se burla de la justicia y en una pérdida de tiempo para jueces y fiscales. No obstante, tuvo especial valor mediático y político y sus consecuencias resultaron sumamente útiles a la derecha política y mediática.

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La imputación era, nada menos, que de coacciones y amenazas, tipificado como delito muy grave contra los trabajadores y su integridad moral, algo especialmente significativo cuando se trata de una fuerza política como Izquierda Unida, que nace y se siente organización de la clase obrera y que se caracteriza por la defensa de sus intereses y la lucha por sus derechos.

Desde abril de 2011 hasta el 10 de enero de 2012 que prestan declaración, fueron ambos representantes públicos arrastrados por los suelos por cuenta de la caverna, con el consiguiente desgaste personal y político por algo de lo que, ahora se conoce perfectamente, no eran para nada culpables. Cuando el 3 de abril de 2012, un año después de ser imputados, se solicita el sobreseimiento y archivo, el juez instructor accede a esta solicitud ya en enero de 2013. Pero el chicle aún podía volver a ser estirado.

Se recurre el auto del archivo en marzo de 2013 y vuelve a confirmarse ya en junio de este año el sobreseimiento. Había que insistir. Recurren a la Audiencia Provincial el 18 de junio de 2013 señalándose la deliberación de la sala para el pasado 29 de octubre. Entre todos estos plazos, el caso entraba y salía de las portadas y de los gruesos titulares contra nuestros representantes en cada hito judicial para recordarlo siempre en clave de culpabilidad y con un desprecio absoluto a la posibilidad de la inocencia.

Por fin la sala de la Audiencia Provincial, este 13 de noviembre publicaba el auto definitivo y sin que quepa recurso de que aquella denuncia por la que se pedía una condena por delitos de coacción, amenazas y menoscabo contra los trabajadores no tenía ningún fundamento.

¿Y ahora qué? cabría preguntarse. Cómo se repara el daño causado a la fuerza política. Cómo se restaura el honor personal. Cuántas portadas y titulares gruesos habrán de dedicarse para compensar y reparar lo que la Sala de la Audiencia Provincial ha declarado limpio de delito alguno.

Pues probablemente no habrá compensación mediática o política que valga. Para hacernos una idea de que esto será así tómese solo una muestra. El mismo día que se produce la declaración como imputado de Torrijos en otra causa, la de la Fundación DeSevilla que ha dado, de nuevo, portadas, grandes titulares y páginas enteras, es el día elegido por los perdedores para, a las 8 y media de la tarde, cuando ya estaban todos los periódicos del día siguiente impresos, las radios habían completado sus informativos y las televisiones culminado las noticias, «quemar» en un teletipo el archivo de la causa que comentamos. De tapadillo y sin apenas eco alguno al día siguiente.

Es muy probable que ocurra lo mismo en otras causas que aún están aún abiertas y así lo deseamos porque estamos convencidos de ello. Ya conocimos lo mismo con Pepa Medrano que así ocurrió, como previamente sucediera con Lolo Silva y ahora ocurre con Carlos Vázquez y con Torrijos.

Porque lo que no debemos olvidar que la mayoría son causas impulsadas por el Partido Popular que ha judicializado la política porque no es capaz de soportar un debate sin provocar previamente un escándalo que destruya a su adversario político, con actuaciones judiciales por completo injustificadas pero que contribuyen a sus fines políticos, y, por supuesto, como ingrediente necesario, con un coro mediático incondicional y acrítico que alimenta y amplifica este sucio modelo de vida política e institucional.

La sociedad en general pero la sevillana en especial no se merece este abuso constante de la administración de justicia para fines políticos por más que sea juez el actual alcalde de Sevilla que utilizó múltiples recursos judiciales para llegar a la alcaldía. Nuestro desprecio a ese método y nuestro reto a que el noble ejercicio de la política recupere el alto valor de servicio a la sociedad que tiene encomendado y que la justicia no sea utilizada de manera bastarda para ensuciar la acción política.

Por último, felicitamos a los declarados inocentes de las falsas acusaciones, Torrijos y Vázquez, y esperamos que Sevilla recupere para la política su ámbito natural, deseando que la destrucción mediática de una persona –en su condición pública o privada- sea siempre después de que se produzca una condena y nunca antes, porque el daño producido jamás puede repararse.