Ismael Sánchez (IU) pregunta al gobierno municipal por los elevados precios de las VPO en Cruz del Campo y acusa a EMVISESA de actuar como una inmobiliaria
Ismael Sánchez critica que las viviendas protegidas superen los 200.000 euros y exige medidas para garantizar precios asequibles para las familias trabajadoras
El portavoz del grupo municipal Con Podemos – Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha presentado una pregunta a la Comisión de Control al Gobierno en relación con los elevados precios fijados para las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en el nuevo barrio de Cruz del Campo. Sánchez denuncia que estos precios, que en todos los casos superan los 200.000 euros, convierten en inaccesible la vivienda protegida para muchas familias sevillanas.
«Es inaceptable que en una ciudad donde el acceso a la vivienda es un problema creciente, las VPO tengan precios que las hacen de compra imposible para las familias trabajadoras», ha señalado Sánchez, quien ha recordado que estas viviendas deberían garantizar precios asequibles, especialmente en un contexto de encarecimiento del mercado inmobiliario y del alquiler en Sevilla.
El concejal ha registrado una pregunta al Gobierno municipal para que explique qué medidas piensa adoptar para garantizar que las VPO en Cruz del Campo tengan precios que verdaderamente pueda pagar la mayoría social de la ciudad y no se conviertan en un producto inaccesible para la población.
«El Ayuntamiento no puede permitir que la vivienda protegida pierda su función social y acabe funcionando como una mera herramienta especulativa. Exigimos medidas concretas para garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes más lo necesitan», ha añadido el concejal.
Izquierda Unida recuerda que Sevilla atraviesa una grave crisis de vivienda, con alquileres desorbitados y precios de compra fuera del alcance de la mayoría de la ciudadanía. En este sentido, Sánchez ha insistido en que es fundamental reforzar la promoción de vivienda pública y garantizar que las VPO cumplan con su objetivo de ofrecer precios proporcionados a los salarios.
«Las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda. No podemos seguir permitiendo que se prioricen los intereses de las promotoras por encima de las necesidades de la gente o que EMVISESA actúe como una inmobiliaria», ha concluido Sánchez.
