IU denuncia que el acuerdo PP-Vox sobre el padrón es ilegal y vulnera derechos fundamentales
El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha anunciado que exigirá explicaciones al gobierno municipal en la próxima Comisión de Control ante las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox para endurecer el empadronamiento de personas inmigrantes, una iniciativa que IU considera abiertamente ilegal.
Sánchez ha advertido de que el padrón municipal no puede utilizarse como instrumento de control migratorio, ya que su única finalidad legal es acreditar la residencia habitual en el municipio, con independencia de la situación administrativa de las personas. “Cualquier intento de condicionar o dificultar el empadronamiento por razones de origen o estatus administrativo vulnera la normativa estatal y los principios básicos de igualdad y no discriminación”, ha señalado.
Desde Izquierda Unida denuncian que el PP está asumiendo sin pudor el planteamiento de Vox, situando al Ayuntamiento “en una senda peligrosa de inseguridad jurídica y vulneración de derechos fundamentales”. “No estamos solo ante una cuestión ideológica, sino ante un incumplimiento flagrante de la legalidad, que puede dejar a miles de vecinos y vecinas fuera del acceso a la sanidad, la educación o los servicios sociales”, ha subrayado el concejal.
Sánchez ha anunciado que en la Comisión de Control preguntará qué medidas concretas se pretenden aplicar, quién las ha diseñado y qué informes jurídicos las avalan, advirtiendo de que “si no existen, estaríamos ante una actuación arbitraria y contraria a derecho”.
“Sevilla no puede permitirse un Ayuntamiento que actúe al margen de la ley para contentar a la extrema derecha. El padrón no es un arma política ni un mecanismo de exclusión; es una obligación legal de la administración”, ha concluido.
Izquierda Unida ha advertido de que, si el gobierno municipal avanza en esta dirección, no descarta acudir a otras instancias políticas y jurídicas para frenar una medida que consideran “ilegal, discriminatoria y profundamente irresponsable”.
