IU exige al alcalde que compre el edificio de Jiménez Becerril 27 y deje de abandonar a 102 familias a la especulación

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha denunciado que el Gobierno de José Luis Sanz “ha vuelto a ponerse de perfil ante una emergencia habitacional concreta, con nombres, apellidos y 102 hogares afectados”, después de que el Consistorio no adquiriera el edificio de viviendas protegidas de Jiménez Becerril 27, pese a haber tenido conocimiento de la operación y de la posibilidad de incorporar el inmueble al patrimonio público.

Sánchez ha señalado que “Sevilla no puede permitirse perder ni una sola vivienda protegida más, y mucho menos 102 viviendas de una sola vez”. Para IU, el caso de Jiménez Becerril 27 resume “todo lo que no debe hacer una administración pública en plena crisis de vivienda: mirar hacia otro lado, permitir que vivienda nacida de una política social acabe en manos privadas y dejar a las familias expuestas a subidas de alquiler y a la incertidumbre sobre su futuro”.

La formación recuerda que se trata de una promoción de 102 viviendas protegidas en alquiler, con plazas de garaje vinculadas, adjudicadas hace años a familias que accedieron a ellas en condiciones de alquiler asequible. Según las informaciones publicadas, el conjunto del edificio habría sido objeto de una operación de compraventa por aproximadamente 4,19 millones de euros, lo que suponía una oportunidad excepcional para que el Ayuntamiento incorporase de una sola vez 102 viviendas al parque público municipal.

“Estamos hablando de viviendas protegidas, construidas para cumplir una función social, no de un producto financiero. El Ayuntamiento tenía que haber actuado como garante del derecho a la vivienda, no como espectador de una operación inmobiliaria”, ha afirmado Sánchez.

IU denuncia que las familias ya han empezado a sufrir las consecuencias de esta decisión, con comunicaciones de subidas de alquiler que, según han trasladado las personas afectadas, superan en algunos casos el 30%. “Lo que antes era estabilidad, ahora es miedo. Lo que antes era vivienda protegida, ahora corre el riesgo de convertirse en una cuenta atrás hacia la expulsión de familias trabajadoras de sus casas”, ha advertido el portavoz.

La moción que IU presentará reclama al Gobierno municipal que inicie de forma inmediata las actuaciones administrativas, jurídicas, patrimoniales y presupuestarias necesarias para adquirir el edificio, ya sea directamente desde el Ayuntamiento, a través de EMVISESA o mediante la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

Asimismo, IU exigirá una memoria técnica, jurídica, económica y social sobre la viabilidad de la adquisición, que analice las vías de financiación disponibles, entre ellas el Patrimonio Municipal del Suelo, recursos de EMVISESA, modificaciones presupuestarias, remanentes, operaciones de crédito legalmente posibles y ayudas autonómicas, estatales o europeas.

“El alcalde tiene dinero para propaganda, para grandes anuncios y para operaciones de escaparate. Lo que le falta es voluntad política para proteger a quienes viven de alquiler y para ampliar de verdad el parque público de vivienda”, ha criticado Sánchez.

La moción también pide la apertura inmediata de una mesa de mediación con la propiedad actual, las familias afectadas, la Junta de Andalucía, EMVISESA y la Gerencia de Urbanismo, con el objetivo de garantizar la continuidad de todas las familias, frenar las subidas abusivas de alquiler y asegurar la renovación de los contratos en condiciones asequibles.

Además, IU reclamará que el Gobierno municipal remita el expediente completo de la operación, incluyendo informes técnicos y jurídicos, valoraciones económicas, comunicaciones recibidas y la motivación por la que el Ayuntamiento decidió no adquirir el inmueble.

“Queremos saber quién decidió no comprar, con qué informes, con qué argumentos y por qué se dejó pasar una oportunidad tan evidente para la ciudad”, ha subrayado Sánchez.

El portavoz de IU ha insistido en que “la primera política pública de vivienda debe ser no perder las viviendas protegidas que ya existen”. En este sentido, ha defendido que EMVISESA debe dejar de actuar “como una inmobiliaria más” y convertirse en “un verdadero instrumento público para intervenir en el mercado, comprar vivienda, rehabilitar edificios y garantizar alquileres asequibles”.

IU considera que este caso debe marcar un antes y un después en la política municipal de vivienda. Por ello, la moción incluye la elaboración de un protocolo municipal de actuación urgente ante operaciones de transmisión de viviendas protegidas, vivienda social o promociones construidas sobre suelo público, para que el Ayuntamiento actúe de forma preventiva y no vuelva a llegar tarde.

“El derecho a la vivienda no se defiende con discursos, se defiende comprando vivienda pública, protegiendo a las familias y evitando que el patrimonio que nació para garantizar derechos acabe sirviendo al negocio privado”, ha concluido Sánchez.

“José Luis Sanz tiene que elegir: o protege a las 102 familias de Jiménez Becerril 27, o será responsable político de haberlas dejado en manos de la especulación”, ha sentenciado.