IU y el Comité de Empresa llevan al Congreso de los Diputados la privatización de la limpieza de colegios en Sevilla y denuncian posibles irregularidades graves
El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla, acompañado por el concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha mantenido una reunión de trabajo en el Congreso de los Diputados para abordar el proceso de privatización del servicio de limpieza de los colegios públicos impulsado por el alcalde José Luis Sanz (PP).
La delegación ha sido recibida por el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, junto a los diputados de SUMAR por Sevilla, Engracia Rivera y Francisco Sierra, y el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero. Asimismo, han contado con el saludo y apoyo de los diputados Nahuel González y Félix Alonso.
En el encuentro se ha analizado en profundidad el expediente de externalización y sus implicaciones laborales, económicas y jurídicas, acordándose trasladar este asunto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la Comisión de Hacienda del Congreso y a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), ante la gravedad de los hechos detectados.
Desde IU se ha adviertido de importantes debilidades y posibles vicios legales en la decisión del Ayuntamiento. En particular, cuestiona el argumento central del Gobierno municipal sobre la supuesta insuficiencia de medios, al constatar que la propia plantilla municipal ya viene prestando servicio en más de un centenar de centros educativos, lo que evidencia que no existe una carencia real sino un problema de organización interna .
La coalición de izquierdas ha criticado que se opte por un contrato de más de 25 millones de euros en lugar de reforzar los medios públicos existentes, lo que supondría una solución más eficiente y acorde con el interés general .
Especial gravedad revisten las observaciones realizadas por la Intervención municipal, que advierte de defectos relevantes en el procedimiento de licitación. Entre ellos, un contrato que nace en situación de riesgo al no garantizarse la financiación en ejercicios futuros, la falta de definición del objeto del contrato, la indeterminación de elementos esenciales como el plan de trabajo y la posible duplicidad de costes que podría inflar artificialmente el valor del contrato .
Estos elementos, señalados por los propios órganos de control del Ayuntamiento, abren la puerta a la impugnación del procedimiento y a la eventual nulidad del mismo.
Asimismo, el informe alerta de un riesgo fundado de cesión ilegal de trabajadores, dado que el servicio se prestaría en centros municipales y bajo directrices de responsables públicos, lo que podría desdibujar la figura de la empresa adjudicataria. A ello se suma la posible vulneración de los derechos de información y consulta del Comité de Empresa, cuya omisión podría constituir una causa adicional de nulidad .
Izquierda Unida y el Comité de Empresa han denunciado que este proceso responde a una estrategia de privatización de servicios públicos esenciales que pone en riesgo el empleo público, deteriora la calidad del servicio y compromete los recursos municipales.
Ambas partes han reafirmado su compromiso de impulsar todas las acciones políticas, institucionales y jurídicas necesarias para frenar esta operación, defender lo público y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales.
