Plan Municipal de Viviendas (Moción para Pleno_ Abril 2024)

La vivienda es un derecho especialmente protegido por la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y numerosos tratados internacionales.

A pesar de ello, el derecho a la vivienda está seriamente comprometido para amplios sectores sociales que se encuentran con severas dificultades para acceder o mantener su vivienda, con los perjuicios que ello genera en el desarrollo vital de la persona.

En la actualidad, desde el marco europeo y estatal se están adoptando reformas legislativas y económicas para favorecer el derecho a la vivienda.

Lamentablemente, ni en el ámbito autonómico ni municipal se está acompañando ese impulso con la puesta en marcha de medidas efectivas para satisfacer el derecho humano a la vivienda.

A nivel municipal, el PP está incumpliendo el programa electoral con el que accedió al Gobierno de la ciudad. Ni ha promovido las viviendas protegidas prometidas ni ha movilizado financiación  alguna para hacer efectivo este derecho. Muy al contrario, ha tomado decisiones que perjudican el derecho a la vivienda y la participación ciudadana en esta política pública esencial siguiendo el camino del gobierno andaluz cuya actuación se ha limitado a aportar el mínimo legal para implementar los fondos provenientes del Plan Estatal de Vivienda, en algunas ocasiones con fiascos como el de la gestión del Bono Joven, que tanto sufrimiento social ha causado.

En el ámbito municipal, a pesar de estar en un contexto en el que existen fondos estatales y europeos para poder implementar una política de vivienda ambiciosa, el balance de estos últimos años es profundamente decepcionante. El Ayuntamiento de Sevilla no ha impulsado iniciativa alguna que no fuera dar continuidad, aparte de proyectos constructivos o rehabilitadores diseñados con anterioridad, paralizando otros, cuando no transfiriéndolos a iniciativas privadas, a la vez que ha procedido a dejar sin efecto políticas socialmente sensibles como las estrategias en materia de sinhogarismo o la Oficina de Defensa de la Vivienda.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Con Podemos – Izquierda Unida, propone los siguientes

ACUERDOS

1. Que por parte del Equipo de Gobierno Municipal se proceda a incorporar al Plan Municipal de Vivienda las previsiones resultantes de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de Mayo, por el Derecho a la Vivienda y las propuestas contenidas en la presente propuesta y someta el borrador actualizado al proceso participativo exigido legalmente.
2. Que el Equipo de Gobierno Municipal elabore un diagnóstico de las viviendas desocupadas en la ciudad así como sus distintas categorías y diseñe un Plan de Actuación frente a la vivienda deshabitada que contenga, al menos, las siguientes medidas:

• Con respecto a las viviendas desocupadas por no reunir condiciones de habitabilidad, el Plan debe incorporar medidas frente a la inobservancia de los deberes legalmente exigibles de conservación y rehabilitación de las edificaciones, desplegando las facultades legales que la legislación permite, tanto de requerimientos de actuación, sanción, ejecución subsidiaria y venta forzosa. Estas medidas deben aplicarse igualmente a las viviendas inacabadas y a los solares cuyos titulares incumplen el deber de edificación.
• Con respecto a las viviendas desocupadas de grandes tenedores se insta al Equipo de Gobierno a incorporar a las próximas ordenanzas fiscales los gravámenes que por vivienda desocupada establece la nueva redacción del 72 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.3. Que se impulse medidas de fomento hacia los pequeños tenedores que otorguen mecanismos de seguridad jurídica y económica que facilite la movilización de esa tipología de vivienda vacía.

3. Que el Equipo de Gobierno adopte las medidas pertinentes para que el plazo máximo de cuatro meses se haga público y transparente a través de soportes digitales el Patrimonio Municipal del Suelo, con todos los bienes que conforman dicho patrimonio independiente y separado.

4. Que el Equipo de Gobierno adopte las medidas oportunas para movilizar dicho Patrimonio Municipal del Suelo a fin de proceder a un ambicioso plan de promoción de vivienda pública de alquiler movilizando igualmente suelo dotacional público con dicha finalidad.

5. Que el Equipo de Gobierno active el procedimiento tendente a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado conforme a las reglas establecidas en el art. 18 de la Ley 12/2023, de 24 de Mayo, por el Derecho a la Vivienda.

6. Conforme al art. 132 de la LISTA, a fin de intervenir en el mercado inmobiliario e impedir los procesos especulativos y el incremento desorbitado de los precios del alquiler así como para incrementar el Patrimonio Municipal del Suelo, , el Equipo de Gobierno deberá delimitar el Caso Histórico como área en las que las transmisiones onerosas de terrenos y edificaciones queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por el Ayuntamiento de Sevilla y subsidiariamente la Administración Andaluza.

7. Que el Equipo de Gobierno proceda a adoptar las medidas pertinentes para prohibir el aumento de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico en el Casco Histórico de Sevilla.

8. Que el Equipo de Gobierno impulse un fondo económico destinado a ofrecer microcréditos reintegrables a aquellos titulares de vivienda que procedan a rehabilitar sus viviendas para destinarlas a alquiler asequible, procediendo a la devolución del préstamo mediante el pago de una parte de la renta de arrendamiento resultante.

9. Que el Equipo de Gobierno retome la iniciativa de impulsar la estrategia de favorecer la covivienda a través de la cesión de uso de suelos públicos a favor de cooperativas de vivienda para la promoción de viviendas colaborativas.

10. Que el Equipo de Gobierno impulse una iniciativa de un programa de permutas de viviendas que por problemas de inadecuación sobrevenida por motivos de accesibilidad o similares permita la puesta a disposición del Ayuntamiento por parte de sus titulares que serían reubicados en vivienda pública municipal.

11. Que el Equipo de Gobierno impulse con urgencia una estrategia frente a sinhogarismo, facilitando, en colaboración con el tercer sector, estrategias de puesta a disposición de viviendas para las personas que sufren esa situación como primer elemento para una actuación integral favorezca su dignificación.

12. Que el Equipo de Gobierno refuerce efectivamente la EMVISESA y la Oficina por el Derecho a la Vivienda, a fin de dar cobertura de asesoramiento, información y mediación en casos de procedimientos hipotecarios, acoso inmobiliario, riesgo de pérdida de uso de la vivienda y demás problemática relacionadas con el ejercicio del derecho a la vivienda, para ello resulta esencial la dotación de medios humanos suficientes y una ubicación más accesible para las personas usuarias.

13. Que el Equipo de Gobierno adopte las medidas pertinentes para que cuando se produzca la concurrencia de indicios graves de acoso inmobiliario procedan a interponer las acciones judiciales oportunas con el fin de proteger a las víctimas, tanto personas físicas como Comunidades y Asociaciones Vecinales que han denunciado los hechos, frente a los autores de la situación de acoso inmobiliario.

14. Que el Equipo de Gobierno cree la Comisión de Trabajo y Seguimiento de Políticas de Vivienda, para poder abordar de manera coordinada entre administraciones y agentes sociales la problemática de la vivienda en Sevilla.

15. Que el Equipo de Gobierno diseñe una ambiciosa estrategia de Rehabilitación física y energética de barriadas en las que se concentra un alto número de viviendas necesitan este tipo de intervención pública.

16. El Equipo de Gobierno atenderá especialmente las capacidades diversas en el derecho a la vivienda digna. Así junto a reservar de forma preceptiva, viviendas accesibles de toda nueva construcción pública y privada de participación pública, se implante un diseño integral e inclusivo para toda la ciudadanía en viviendas de nueva construcción, las cuales deberán estar situadas en zonas comunicadas con el resto de la ciudad con la red de transporte público con  paradas e itinerarios peatonales accesibles. Asimismo, se prestará especial atención a la promoción de alojamientos dotacionales destinados a estos colectivos.

17. Que el Equipo de Gobierno inste a la Junta de Andalucía a que incorpore al marco normativo andaluz la definición de la especulación urbanística y adopte medidas dirigidas impedir que se produzca, entre ellas, las dirigidas a limitar los precios de venta de aquellas operaciones de compra y venta, así como cualquier otro negocio jurídico preparatorio de los anteriores, dirigidas a obtener un beneficio incrementando su precio de adquisición, sin invertir ni transformar o mejorar el bien, despreciando su valor de uso, con especial tratamiento a aquellas que han sido adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria. En esos casos, el precio de venta de aquellos suelos y/o viviendas que no han sido mejorados, transformados ni han satisfecho su función social, queden limitados al precio de adquisición incrementados exclusivamente por el IPC más los gastos documentados inherentes a la transmisión.

18. Que el equipo de Gobierno inste a la Junta de Andalucía a establecer la prohibición de venta de la vivienda protegida pública en régimen de alquiler.

19. Que el Equipo de Gobierno inste a la Junta de Andalucía a garantizar el inmediato cumplimiento legal de destinar el 70% de las liquidaciones de fianzas a programas de vivienda y a impulsar la modificación de la previsión normativa elevando al 90% el porcentaje de los saldos positivos de fianzas destinados a programas de vivienda, estableciendo asimismo acuerdos con los promotores públicos para la ejecución de dichos programas de ampliación del parque residencial público destinado a alquiler protegido y asequible.

20. Que el Equipo de Gobierno inste a la Junta de Andalucía a que establezca nuevas ayudas al alquiler, con fondos autonómicos, que favorezcan el acceso a la vivienda en alquiler para personas en situación de vulnerabilidad así como destinado a jóvenes, dirigido a satisfacer la demanda que el fiasco autonómico del Bono Joven del alquiler ha evidenciado.

21. Que el equipo de Gobierno inste a la Junta de Andalucía a poner en marcha el servicio de información del parque residencial de vivienda de Andalucía (SIPRA), establecido en la ley de vivienda y a dar cumplimiento a la previsión legal de activar el Registro de vivienda deshabitada.

22. Que el Equipo de Gobierno inste a la Junta de Andalucía a reforzar los mecanismos de participación ciudadana en materia de vivienda. Así la administración autonómica ha de revertir la decisión de eliminar el Observatorio de Vivienda, asimismo, de dotará de comisiones de participación social en la gestión del parque público autonómico, creando las oportunas Comisiones de Seguimiento con participación de representantes de personas inquilinas y de entidades y colectivos que trabajan en defensa del derecho a la vivienda y que trabajan en el ámbito de la exclusión social. Corresponderá a dichas Comisiones la valoración de la pertinencia o no de medidas tendentes a la extinción de los contratos de alquiler o de medidas de desahucio así como los protocolos de protección de menores cuando concurran circunstancias que pudieran empeorar su situación social en general y habitacional en particular.