Propuesta en apoyo de la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler y para la adopción de actuaciones urgentes en Sevilla ante la escalada de los precios de la vivienda. (Moción para Pleno- Abril 2026)

La vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad social y de empobrecimiento de amplias capas de la población trabajadora. En el caso del alquiler, esta realidad golpea de manera especialmente intensa a los hogares con rentas medias y bajas, a la juventud, a las familias monomarentales y a quienes ya destinan una parte desproporcionada de sus ingresos al pago de la vivienda. A ello se suma la incertidumbre derivada del vencimiento de miles de contratos de arrendamiento en 2026 y 2027, lo que amenaza con traducirse en nuevas subidas de rentas, desplazamientos forzosos y expulsión de vecinas y vecinos de sus barrios. El Real Decreto-ley 8/2026, publicado en el BOE el 21 de marzo y en vigor desde el 22 de marzo de 2026, establece precisamente una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de arrendamiento de vivienda habitual y limita al 2% la actualización anual de la renta hasta el 31 de diciembre de 2027.

La situación del alquiler en Sevilla justifica sobradamente una respuesta pública firme. Según los datos de oferta publicados en febrero de 2026, la provincia de Sevilla alcanzó los 11,8 euros por metro cuadrado, su máximo histórico, con una subida interanual del 7,7%, mientras que la capital se situó en 13,1 euros por metro cuadrado, también en máximo histórico, con un incremento interanual del 6,4%.

Esta presión no se distribuye de forma homogénea, pero sí afecta a toda la ciudad. El análisis difundido por la prensa local, a partir de los datos de un portal inmobiliario, sitúa entre las zonas más caras de la capital a Triana, con 14,5 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 10,1%; el Centro, con 14,3 euros y un 7,1% de incremento; Prado de San Sebastián, con 13,9 euros; Los Remedios, con 13,6; y Nervión, con 13,2. Entre las zonas más baratas figuran Bellavista-Jardines de Hércules, con 9,6 euros por metro cuadrado; Sevilla Este, con 11,3; y Cerro-Amate, con 11,6, aunque en este último caso la subida interanual alcanza el 15%, lo que evidencia que el encarecimiento ya no se limita a las áreas tradicionalmente más tensionadas.

Por tanto, Sevilla no padece únicamente un problema de precios elevados en determinados enclaves centrales o más sometidos a procesos de turistificación y gentrificación, sino una dinámica general de encarecimiento del alquiler que compromete la permanencia de la población residente, dificulta la emancipación juvenil y agrava la segregación urbana. La evolución reciente del mercado muestra que incluso los barrios históricamente más asequibles están sufriendo incrementos muy intensos, lo que reduce el margen de protección para miles de familias sevillanas. Esta conclusión se desprende de los datos más recientes de precio ofertado en la ciudad y su evolución interanual por barrios y por municipio.

En este contexto, la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026 resulta una medida urgente y necesaria. El propio texto legal justifica la adopción de esta norma por la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad, y establece dos instrumentos de protección inmediatos: de un lado, la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual vigentes cuya finalización esté prevista antes del 31 de diciembre de 2027; de otro, la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta al 2%, con especial aplicación en los supuestos de grandes tenedores.

Ahora bien, siendo esta una medida imprescindible, no puede entenderse como una solución aislada ni suficiente por sí sola. La crisis de acceso a la vivienda exige también decisiones estructurales por parte de todas las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias. En materia de vivienda, la Junta de Andalucía dispone de instrumentos esenciales, entre ellos la declaración de zonas de mercado residencial tensionado prevista en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Sevilla debe reforzar su capacidad de planificación, intervención y promoción de vivienda asequible a través de sus propios instrumentos y de la empresa municipal de vivienda. De hecho, EMVISESA viene manteniendo actuaciones en materia de alquiler protegido y dispone de un estudio específico sobre posibles zonas tensionadas en la ciudad, lo que evidencia que el Ayuntamiento cuenta con capacidad técnica para impulsar esta agenda con mayor determinación.

Asimismo, la información publicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre zonas de mercado residencial tensionado muestra declaraciones ya vigentes en otras comunidades autónomas, lo que confirma que la herramienta legal existe, está operativa y puede activarse cuando hay voluntad política para hacerlo.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Con Podemos – Izquierda Unida somete al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la adopción de los siguientes

 ACUERDOS

1. El Ayuntamiento de Sevilla manifiesta su apoyo expreso a la convalidación del Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en el alquiler, por considerar que constituye una respuesta urgente y necesaria para proteger a miles de hogares ante la escalada de los precios de la vivienda y el vencimiento masivo de contratos de arrendamiento en 2026 y 2027.
2. El Ayuntamiento de Sevilla insta al Gobierno de España a desplegar cuantas conversaciones y negociaciones políticas resulten necesarias para garantizar la convalidación parlamentaria del Real Decreto-ley 8/2026 y, con ello, el mantenimiento de la prórroga extraordinaria de los contratos y del límite extraordinario a la actualización anual de las rentas.
3. El Ayuntamiento de Sevilla insta a la Junta de Andalucía a ejercer plenamente sus competencias en materia de vivienda y a impulsar, con carácter urgente, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en aquellos ámbitos de la ciudad de Sevilla en los que concurran los requisitos legales, a fin de activar los mecanismos de contención y protección previstos en la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.
4. El Ayuntamiento de Sevilla acuerda, a través de sus servicios competentes y de EMVISESA, actualizar y remitir a la Junta de Andalucía la información técnica necesaria sobre la evolución de los precios del alquiler, el esfuerzo económico de los hogares y la situación del mercado residencial en la ciudad, con el objetivo de fundamentar la solicitud de declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde proceda.
5. El Ayuntamiento de Sevilla acuerda reforzar las políticas municipales de vivienda asequible en alquiler, mediante el impulso de nuevas promociones de vivienda protegida a través de EMVISESA, la movilización de suelo y patrimonio público para uso residencial protegido y el fortalecimiento de los programas de ayuda y acompañamiento a familias e inquilinos en situación de vulnerabilidad.
6. El Ayuntamiento de Sevilla acuerda elaborar y presentar, en el plazo más breve posible, un informe sobre la situación del alquiler en la ciudad, con especial atención a la evolución por barrios, al impacto sobre la población residente y a las medidas municipales que deban adoptarse para ampliar el parque público y asequible de vivienda.