Propuesta en defensa de la independencia, especialización y garantía de los servicios públicos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género (Propuesta para Pleno- Noviembre 2026)

El Gobierno de la Junta de Andalucía viene debilitando las políticas públicas de igualdad, la centralidad institucional de los derechos de las mujeres y los recursos especializados. El acuerdo entre el Partido Popular y Vox no inicia esta orientación, pero la hace explícita y legitima un discurso que sustituye la perspectiva de género por la denominada «perspectiva de familia» y desdibuja la violencia machista como problema estructural. Frente a este retroceso, las administraciones públicas deben garantizar políticas feministas, recursos suficientes y servicios especializados, estables e independientes.

Esta orientación política tiene consecuencias concretas. La pérdida de centralidad del Instituto Andaluz de la Mujer, los recortes y la desaparición de recursos específicos, como el destinado en Mijas a mujeres con problemas de drogodependencia, muestran que no basta con mantener formalmente las estructuras. Es necesario garantizar su continuidad real, su financiación y su capacidad para atender necesidades que requieren una respuesta especializada. Cuando se debilita un recurso público, se reducen las posibilidades de prevención, protección y recuperación de las mujeres.

La violencia de género es una vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la desigualdad estructural entre mujeres y hombres. La Junta de Andalucía tiene competencia exclusiva en políticas de género y competencia compartida en la lucha contra la violencia de género; además, la consejería competente en Justicia gestiona medios y servicios esenciales para la protección de las víctimas.

El carácter compartido de las competencias en materia de violencia de género no permite al Gobierno andaluz eludir su responsabilidad. Corresponde a la Junta planificar actuaciones, desarrollar medidas de prevención y sensibilización, destinar recursos propios y garantizar servicios de atención y protección. También administra buena parte de los medios materiales y profesionales que hacen posible una respuesta judicial rápida, especializada y eficaz. Por tanto, las decisiones organizativas y presupuestarias del Gobierno andaluz inciden directamente en la seguridad y en los derechos de las víctimas.

Entre estos recursos se encuentran las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), integradas en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA). Sus informes, valoraciones y actuaciones son decisivos para la protección de las mujeres y de sus hijas e hijos, por lo que deben mantener independencia técnica, especialización profesional, rigor científico y perspectiva de género.

Las UVIVG están formadas por equipos multidisciplinares que aportan conocimientos médicos, psicológicos y sociales al proceso judicial. Sus valoraciones permiten analizar el riesgo, las consecuencias de la violencia y la situación de las hijas e hijos. Cualquier cambio en su dependencia, composición, protocolos o funcionamiento debe preservar la autonomía de criterio de sus profesionales y evitar toda interferencia política o ideológica. La especialización no es un elemento accesorio, sino una garantía para que las decisiones judiciales se adopten con información completa y adecuada.

El SAVA cumple igualmente una función esencial de información, orientación, asistencia y acompañamiento a las víctimas durante su relación con la Administración de Justicia. Su estabilidad y calidad deben estar aseguradas en todas las provincias, con equipos suficientes y formación permanente. La atención debe ser comprensible, accesible y respetuosa, y debe evitar que las mujeres tengan que repetir innecesariamente su relato o recorrer distintos servicios sin una respuesta coordinada.

La continuidad formal de estos servicios no basta: deben contar con financiación estable, plantillas suficientes y especializadas, formación permanente y medios adecuados. También debe garantizarse una atención integral y coordinada que evite la revictimización y responda a las violencias sexuales, digitales y vicarias.

La coordinación es imprescindible. Los servicios judiciales, policiales, sanitarios, sociales, educativos y especializados deben compartir protocolos claros y actuar sin vacíos de atención. Una respuesta fragmentada retrasa la protección, aumenta la incertidumbre y puede provocar revictimización. Del mismo modo, la información pública y la evaluación periódica de los recursos permiten conocer si las políticas funcionan, detectar carencias y corregir desigualdades entre territorios.

La protección debe ser accesible en todo el territorio, especialmente en municipios pequeños y zonas rurales, y atender las barreras específicas que afrontan las mujeres con discapacidad, migrantes, mayores o en situación de vulnerabilidad económica o social. La organización administrativa de los servicios no puede convertirse en una barrera ni generar distintos niveles de protección dentro de Andalucía.

Las dificultades se agravan para las mujeres con discapacidad, migrantes, mayores, sin recursos económicos o con menores a cargo. La distancia, la falta de transporte, las barreras físicas o de comunicación y la escasez de atención psicológica, jurídica, social o habitacional pueden impedir el acceso efectivo a la protección. Por ello, la planificación autonómica debe incorporar servicios de proximidad, medidas de accesibilidad y respuestas adaptadas a las necesidades de cada territorio. Ninguna mujer debe recibir una protección menor por su lugar de residencia o por sus circunstancias personales.

La respuesta pública tampoco puede limitarse a actuar cuando la violencia ya se ha producido. Debe incluir prevención, coeducación, sensibilización, detección temprana y medidas que favorezcan la autonomía económica y social de las mujeres. El Convenio de Estambul, la Ley Orgánica 1/2004 y la legislación andaluza obligan a las administraciones a sostener políticas integrales y eficaces. Las organizaciones feministas y asociaciones de mujeres deben participar en su diseño, seguimiento y evaluación por su conocimiento directo de las necesidades y de las carencias de los servicios.

Los ayuntamientos, como administración más cercana, tienen una función fundamental en la detección de necesidades, la información, la derivación y el acompañamiento. También deben reclamar a las administraciones competentes que cumplan sus obligaciones y garantizar que las políticas locales de igualdad y contra la violencia machista no retrocedan. La protección de las mujeres y de sus hijas e hijos no puede depender de coyunturas políticas ni quedar subordinada a acuerdos que cuestionen la existencia o el carácter estructural de la violencia machista.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Con Podemos – Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que adopte los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Garantía de los servicios especializados

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla manifiesta el compromiso municipal con el mantenimiento y fortalecimiento de los servicios públicos especializados de prevención, detección, atención, protección y recuperación de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos, y reclamar para ellos financiación estable, plantillas suficientes, formación especializada y medios adecuados.

SEGUNDO. Independencia técnica y especialización de las UVIVG

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla reclama que cualquier cambio en la organización o funcionamiento de las UVIVG preserve su independencia técnica, autonomía profesional, composición multidisciplinar, rigor científico, perspectiva de género y tiempos adecuados de respuesta, sin interferencias políticas o ideológicas.

TERCERO. Continuidad y calidad del SAVA y de la atención integral

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla exige la continuidad, estabilidad y calidad del SAVA y de los demás recursos especializados, con una atención accesible, coordinada y respetuosa con los derechos de las víctimas, que evite la revictimización y responda también a las violencias sexuales, digitales y vicarias.

CUARTO. Cobertura territorial y atención en zonas rurales

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla garantiza el acceso efectivo a los recursos con independencia del lugar de residencia mediante servicios descentralizados, itinerantes o de proximidad y medidas de transporte cuando sean necesarias, atendiendo especialmente a las mujeres rurales, con discapacidad, migrantes, mayores o en situación de vulnerabilidad en los municipios pequeños.

QUINTO. Coordinación, transparencia y participación

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla insta a las administraciones competentes a coordinar los servicios sociales, sanitarios, educativos, policiales, judiciales y especializados; publicar información periódica sobre los recursos y su evaluación; y garantizar la participación de las organizaciones feministas y asociaciones de mujeres en el diseño, seguimiento y evaluación de estas políticas.

SEXTO. Seguimiento y traslado

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla realizará el seguimiento de estos acuerdos e incorporará, con las organizaciones de mujeres, las necesidades específicas de Sevilla, incluidas las relativas a atención jurídica, psicológica y social, transporte, alojamiento y atención a menores.

Asimismo, dará traslado de la moción a la Presidencia de la Junta de Andalucía, a las consejerías competentes en Justicia e Igualdad, al Parlamento de Andalucía, a la Administración General del Estado, a los organismos competentes y a las organizaciones de mujeres del territorio.