Situación VTC (Pregunta para la Comisión de Control-Febrero 2026)
Lo llaman «innovación», «economía colaborativa» o «disrupción tecnológica». Pero bajo el barniz digital de las aplicaciones VTC late un modelo de negocio importado de la cultura anglosajona que representa la fase más descarnada del capitalismo contemporáneo. Un sistema diseñado para maximizar beneficios minimizando derechos, donde la solidaridad se considera una externalidad prescindible.
La pandemia desnudó su verdadera esencia. Mientras taxistas organizaban caravanas solidarias para transportar gratuitamente al personal sanitario, las grandes plataformas VTC ejecutaban despidos masivos aprovechando los ERTE subvencionados. Una doble traición: al Estado que los sostenía y a los trabajadores que dejaban en la estacada. Los pocos que mantuvieron actividad se repartieron las migajas de un negocio menguante, mientras las matrices internacionales protegían sus balances.
La ilegalidad como modelo de negocio es sistemática. Estos trabajadores cobran según facturan, no según trabajan, violando principios laborales básicos: es el empleador quien debe proporcionar trabajo, no el trabajador quien debe buscarlo. Convertir el salario en una lotería diaria donde gana quien más horas soporta es la regresión social disfrazada de flexibilidad.
La supuesta «transparencia» de precios es otra farsa. Quien haya intentado conseguir un VTC en Nochevieja, Feria o Semana Santa conoce la realidad: algoritmos que multiplican tarifas hasta lo abusivo, viajes de 150 euros para trayectos urbanos, especulación pura en momentos de mayor necesidad. Frente a esto, el taxi mantiene tarifas reguladas, servicio garantizado en festivos y una ética profesional que trasciende la mera maximización del beneficio.
La tragedia reciente del accidente en Adamuz lo demostró crudamente: mientras un pueblo entero se volcaba en solidaridad con los afectados, las plataformas VTC veían una oportunidad de negocio. Viajeros desesperados, familias separadas, personas heridas que necesitaban reunirse se vieron obligados a pagar precios especulativos a quienes convirtieron el dolor ajeno en oportunidad de mercado e igualmente, en nuestra ciudad, en un momento que las condiciones climatológicas impiden que cientos de estudiantes y trabajadores puedan volver a sus casas en trasportes públicos, aparecen las tarifas desorbitadas para hacer negocio a costa del problema ajeno.
Por todo ello, el Grupo Municipal Con Podemos – Izquierda Unida formula las siguientes
PREGUNTAS
- Cuantos agentes tiene destinado este ayuntamiento a la vigilancia y control de las licencias VTC?
- ¿Cuántas denuncias se han interpuesto por la policía local durante el año 2025 y 2026 dentro de la ciudad de Sevilla por incumplimiento de las normas en cuestión de Movilidad?.
- ¿Ha usado este ayuntamiento servicios de VTC de forma continuada durante el año 2025?
