IU denuncia ante la Fiscalía graves irregularidades urbanísticas en el proyecto Altadis

Izquierda Unida ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Corrupción una denuncia por presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, malversación, cohecho, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, fraudes y exacciones ilegales, entre otros, en relación con las obras ejecutadas en el entorno de Altadis y, especialmente, con la conversión irregular de más de 700 m² de zona verde del Parque Manuel Ferrand en un aparcamiento, precedida por la tala de arbolado de gran porte y la supresión del acceso peatonal desde Virgen de la Fuensanta hacia la ribera. Todo ello, pese a que el PGOU clasifica este espacio como Zona Verde (ZV) y prohíbe expresamente su reducción. La denuncia se basa en documentación urbanística, proyectos técnicos municipales y pruebas gráficas que acompañan el escrito remitido a Fiscalía.

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha señalado que la actuación municipal “no es un error administrativo ni una decisión técnica aislada, sino la consumación de una operación urbanística profundamente perjudicial para la ciudad y orientada a favorecer intereses privados”. Añadió que “se ha destruido una zona verde protegida, esencial para la calidad de vida del barrio de Los Remedios, y se ha hecho vulnerando la legislación urbanística, ambiental y el principio de no regresión en espacios libres. No vamos a consentir que Sevilla se convierta en un espacio donde se manipule el planeamiento para beneficiar proyectos privados”.

Sánchez subrayó que las obras tramitadas como “adecuaciones menores” en realidad constituyen una urbanización exterior completa —con nuevas redes de abastecimiento, saneamiento, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado— cuyo objetivo real es dotar de servicios al nuevo hotel de 5 estrellas y a los usos lucrativos previstos en el ámbito de Altadis. “El Ayuntamiento ha presentado como simples ajustes técnicos lo que en realidad es una actuación urbanizadora de gran envergadura, que debía haberse tramitado como Suelo Urbano No Consolidado, con cesiones obligatorias y control público. Al no hacerlo, podría haber incurrido en delitos graves”, afirmó el concejal.

El letrado Francisco Tejado, director jurídico de la denuncia, explicó que la Modificación Puntual 54 (MP54) del PGOU “se apoya en una ficción administrativa: considera consolidado un suelo que, por las propias obras ejecutadas, es objetivamente no consolidado”. Tejado indicó que las separatas técnicas del proyecto, incorporadas a la denuncia, “demuestran que las infraestructuras existentes eran insuficientes para el nuevo aprovechamiento lucrativo y que ha sido necesaria una completa reurbanización exterior. Esto implicaba, por ley, otro procedimiento, mayores controles y cesiones de suelo y aprovechamiento a favor del interés público, que nunca se han producido”.

El abogado añadió que “la alteración de una zona verde exige una motivación reforzada, dictámenes específicos y, en muchos casos, el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Andalucía. Nada de eso se ha solicitado. Nos encontramos, por tanto, ante una tramitación que podría haber eludido deliberadamente controles legales para permitir la ejecución de actuaciones urbanísticas contrarias a derecho”.

La denuncia también asegura que la edificabilidad manejada por el proyecto —que supera los 36.000 m²— contrasta con los 25.327 m² recogidos en el Catálogo, generando un incremento sustancial de aprovechamiento lucrativo sin el correspondiente reajuste dotacional. “Los Remedios es uno de los barrios con peores dotaciones públicas de Sevilla, y lejos de aumentar sus equipamientos, el Ayuntamiento permite que pierda aún más superficie verde”, denunció Sánchez. “Lo ocurrido es un atropello al barrio y al modelo de ciudad. Sevilla necesita más espacios libres, no menos”.

IU solicita la suspensión inmediata de las obras que afectan al Parque Manuel Ferrand, la restitución íntegra de la zona verde y del acceso peatonal eliminado, la revisión de oficio de la Modificación Puntual 54 y la depuración de responsabilidades políticas y técnicas. “La ciudadanía debe saber que las zonas verdes no son una mercancía ni un obstáculo para intereses privados. Son un derecho urbano esencial. Vamos a defenderlo en los tribunales y donde haga falta”, concluyó el concejal.