IU exige plazos concretos para la retirada del amianto de edificios públicos
Rojas recuerda que el Gobierno municipal se comprometió en el acuerdo de presupuestos a identificar e iniciar la eliminación gradual de este material tóxico
El portavoz del grupo municipal IU-Podemos, Daniel González Rojas, ha instado esta mañana al alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, a dar cumplimiento a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, que establece un plazo máximo de un año desde su entrada en vigor para la elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada. El edil de la confluencia ha reclamado en este sentido al Gobierno municipal “plazos concretos” que ofrezcan certidumbre sobre la salubridad de los espacios públicos que presentan amianto en sus construcciones, especialmente en aquellos lugares de exposición de personas vulnerables como los centros escolares.
En este sentido, González Rojas ha anunciado que elevará esta preocupación social al próximo Pleno Municipal a través de pregunta oral al alcalde, y a través de la cual espera conocer los avances realizados en esta materia a lo largo del presente curso 2022. Así, el portavoz ha recordado además que el acuerdo presupuestario firmado por IU y PSOE recogía compromisos explícitos en relación a la elaboración de un inventario de edificios municipales que contengan amianto a mayor brevedad posible, así como la puesta en marca de todas las gestiones necesarias con la Junta de Andalucía para aprobar un plan (con calendario y presupuesto) para la retirada progresiva de amianto en los edificios.
Según ha indicado González Rojas, desde su grupo municipal tienen constancia de que la Oficina Técnica de Edificios Municipales está redactando un pliego para contratar las tareas de identificación y desarrollar el cronograma e informes de desmantelamiento de estructuras con amianto, si bien ha urgido al equipo del alcalde a avanzar con premura ante una tarea que no puede esperar más en el tiempo por la peligrosidad que implica e iniciar sin demora los contactos con la administración autonómica que permitan la retirada ordenada y urgente de materiales tóxicos de los edificios públicos de la ciudad.
