Por el cumplimento de la Ley Estatal y Andaluza de Memoria Democrática (Propuesta para Comisión de Control- Noviembre 2025)
La Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 y la Andaluza, aprobada igualmente sin ningún voto en contra en 2017, establecieron que el impulso de las políticas de memoria democrática son un deber moral inexcusable.
Que el compromiso con la pedagogía del «nunca más» se ha convertido en un imperativo ético fundamental en las sociedades democráticas en todo el mundo.
En España la magnitud del genocidio perpetrado por el franquismo contra los defensores de la Segunda República fue una monstruosidad. Se ejerció una violencia de Estado sistemática y planificada, una arquitectura del Terror que generó más de 120.000 personas asesinadas en toda España, al margen de los hechos de guerra, de ellas más de 50.000 en Andalucía.
En la provincia de Sevilla las víctimas fueron más de 15.000 que hoy se encuentran desaparecidas en fosas comunes y otros lugares. Y junto a los cadáveres se intentó sepultar la verdad.
Una democracia verdadera no puede construirse sobre la desmemoria, sobre la ocultación de estos hechos aberrantes. Las familias de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad, a que se haga justicia, al reconocimiento y la reparación moral.
Quieren saber dónde están los restos de sus familiares, recuperarlos y darles cumplida sepultura como hacemos con nuestros difuntos.
Es una cuestión de Derechos Humanos, de Democracia, de Justicia, de Humanidad.
Sobre el fundamento de los principios y valores democráticos y de la dignidad de las víctimas, la Ley de Memoria Democrática declara ilegal el régimen franquista, establece que la búsqueda de los desaparecidos es un deber del Estado. La Ley fija también una serie de obligaciones para todas las administraciones públicas, que responden a derechos de las víctimas y sus familiares y de toda la sociedad: la localización e identificación de las personas desaparecidas; la investigación para conocer la verdad de lo que pasó; el recuerdo, homenaje, reconocimiento y reparación integral a las víctimas; la supresión de símbolos, denominaciones de calles y lugares, honores, recompensas y distinciones contrarias a la Memoria Democrática, la divulgación de los hechos históricos en los centros educativos y para el conjunto de la ciudadanía, la designación de lugares de Memoria Democrática, etc.
Por su parte, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía de 2017 estableció tres derechos esenciales: el derecho a conocer, el derecho a investigar y el derecho a la reparación plena.
Por todo ello, el grupo Municipal Con Podemos – Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla propone los siguientes:
ACUERDOS:
- Mostrar su decisión de impulsar por todos los medios a su alcance el cumplimiento efectivo y sin demoras en nuestra localidad de las obligaciones establecidas en las leyes de memoria de Andalucía y del Estado, disponiendo para ello los recursos técnicos y económicos que le correspondan. En concreto:
- Impulsar el conocimiento y difusión en los centros educativos de la localidad y para toda la población local de lo que aconteció, en el país, en Andalucía y en nuestra localidad.
- Favorecer el reconocimiento y reparación moral de las víctimas que hubo en nuestra localidad.
- Instar a las administraciones central, autonómica y Diputación Provincial de Sevilla a tomar las medidas expuestas anteriormente, que en cada caso correspondan, para el riguroso cumplimiento de lo establecido en las citadas leyes.
- Retirar toda la nomenclatura franquista que se mantiene en el callejero, así como símbolos de la dictadura en espacios y edificios públicos.
- Exigir que la Oficina Municipal de la Memoria, de atención a los familiares de víctimas del franquismo, para dar cumplimiento a las diversas funciones que debe acometer, debe dotarse con más personal y con dedicación exclusiva, además de estar operativa todos los días laborables y con horario completo. Actualmente está atendida por una sola persona y abre solo dos días al mes.
- Demandar la activación de la segunda fase de rehabilitación del edificio de Ranilla, para la culminación del Centro y Museo de la Memoria, proyectado y acordado en su día en dicho lugar, para que se destinase exclusivamente a usos memorialistas, temática que adolece de espacios dedicados a ella en la ciudad de Sevilla.
- Dotar el presupuesto municipal de una partida para la exhumación de las fosas comunes del cementerio de San Fernando, iniciando por la de Monumento.
- Dar traslado de este acuerdo a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial de Sevilla.
