IV Marcha por la Dignidad: No olvidamos Tarajal
El 6 de febrero se cumplen tres años de la muerte de 15 personas cuando intentaban entrar en Ceuta nadando por la frontera de El Tarajal, en medio de las pelotas de goma y de los gases lacrimógenos disparados por la Guardia Civil para impedir su acceso a tierra.
Con motivo de este aniversario y con el propósito de no olvidar esta tragedia, varias organizaciones sociales y políticas han vuelto a convocar una manifestación en memoria de los fallecidos, que tendrá lugar el sábado 4 de febrero en Ceuta. Una nueva marcha por la dignidad para mostrar la más absoluta de las repulsas ante aquella inhumana y desproporcionada respuesta policial que acabó con la vida de estos 15 inmigrantes.
En Sevilla se está montando un autobús para todas las personas que quieran sumarse a esta movilización. Así que si estás interesado/a en acudir, sólo tienes que rellenar el formulario que aparece en este enlace (https://goo.gl/3sBkqi) y presentarte ese día a las 7 de la mañana en la Embajada de Portugal (frente al bar Stop).
Hay que decir que, tres años después, siguen sin esclarecerse los hechos y sin que se haya asumido ningún tipo de responsabilidad política por lo ocurrido. Y, a pesar de la insistencia de Izquierda Unida y de numerosas organizaciones sociales por abrir una comisión de investigación que estudiase lo sucedido, incomprensiblemente el Gobierno de Rajoy continúa negándose por completo a la misma, evidenciando así su más absoluto desprecio por la vida de estas personas.
Esta IV Marcha por la Dignidad se enmarca dentro de una jornada repleta de actividades (talleres, mesa redonda, comida grupal, suelta de farolillos, lectura de manifiesto…) que, bajo el lema ‘¡Que se cumplan los derechos humanos en las fronteras!’, se desarrollará durante todo ese día.
Con esta iniciativa se pretende rendir tributo a aquellas personas a las que se les arrebató la vida aquel 6 de febrero de 2014 en el Tarajal, pero también a todas las víctimas de la política migratoria, represiva y carente de derechos humanos, que aplica el Gobierno español y que supone una violación permanente de todas las normas internacionales.
