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El pasado 14 de marzo, el Gobierno de la nación decreta el estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus Covid-19, señalando medidas que  garantice la protección de la salud de las y los ciudadanos.

El necesario refuerzo de estas medidas de contención ante esta pandemia ha resultado una disrupción temporal y generalizada de la actividad económica, que incorpora limitaciones a la libertad de circulación, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias y medidas de contención en el ámbito educativo, laboral, comercial, recreativo, o en lugares de culto. La contención de la progresión de la enfermedad ha supuesto, pues, limitaciones temporales a la libre circulación junto con la reducción de la oferta laboral debido a las medidas de cuarentena y contención. Estas circunstancias se traducen en una perturbación conjunta de demanda y oferta para la economía española, que afectará a las ventas de las empresas, generando tensiones de liquidez que podrían derivar en problemas de solvencia y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización.

En este contexto, la prioridad absoluta en materia económica radica en proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible una recuperación de la actividad. La pandemia de la Covid-19 supondrá inevitablemente un impacto negativo en la economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de incertidumbre. En estas circunstancias, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la actividad se recupere tan pronto como la situación sanitaria mejore. El objetivo es que estos efectos negativos sean transitorios y evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y producción como las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al desempleo y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos.

Por ello, el Gobierno de la nación aprueba Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, que amplía las medidas ya tomadas con un paquete económico y social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más directamente afectadas.

Desde el sector del taxi se hace necesario que la administración local, competente en materia de transporte urbano y responsable de la dinamización de la economía local, complemente las medidas del gobierno central y adopte aquellas que, dentro de sus competencias, permitan que el servicio público del taxi pueda mantener su actividad en los niveles cuantitativos y cualitativos que demande la ciudadanía.

Como en otras grandes ciudades, en Sevilla la actividad del taxi ha experimentado una drástica reducción de su nivel de actividad que se ha manifestado en:

1. Las restricciones del ayuntamiento en cuanto a vehículos diarios en servicio (Resoluciones del Presidente del Instituto del Taxi de 13 y 20 de marzo, que han reducido la oferta de taxis diarios en servicio a un máximo del 25%).
2. La caída brusca en la demanda de servicios a través de emisoras y aplicaciones móviles.
3. La reducción hasta un nivel prácticamente nulo de los servicios prestados a pie de calle o en parada como consecuencia de las restricciones necesarias de la libre circulación de las personas. En este momento la APP pública, que ya debería estar en funcionamiento, hubiera sido imprescindible para atender los servicios necesarios de una manera más eficaz, y a la misma vez nos hubiera proporcionado de toda la información de manera precisa para dar un mejor servicio a las y los usuarios del taxi.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, las asociaciones Unión Sevillana del Taxi, Hispalense Solidaridad del Taxi y Elite Taxi Sevilla mediante el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, viene a proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO: Exención del pago de la tasa RESPARTAX (reserva de espacio para paradas de taxi) desde el comienzo hasta que finalice el Estado de Alarma.

SEGUNDO: Abrir una línea de subvención para sufragar el coste de la instalación de las pantallas antipartículas de los vehículos para garantizar la seguridad del servicio.

TERCERO: Abrir una línea de subvención dirigida a la higienización y desinfección de los vehículos o habilitar una plataforma para este proceso.

CUARTO:  Adaptar la APP Pública, con la mayor celeridad posible, a cada vehículo y conductor en circulación.

QUINTO: Poner en marcha una campaña informativa para poner el valor el servicio del taxi, con el compromiso e implicación de las medidas a la hora de hacer uso de estos vehículos, con el fin de incrementar la higiene personal y adoptar de medidas preventivas.