Moción para dar cumplimiento a las políticas públicas en defensa de las víctimas del franquismo y a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía (Pleno – julio 2020)

Tras el golpe de estado del 18 de julio de 1936, nuestra ciudad sufrió con toda seguridad el episodio más traumático y terrorífico de toda su Historia y que se prolongó durante toda la dictadura franquista.

La aplicación del bando de guerra, los juicios, el uso indiscriminado de la ley contra el bandidaje y el terrorismo crearon un clima de violencia de estado y terror a lo largo y ancho de todo el país.

La verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo es imprescindible para poder pasar página a nuestra memoria histórica, vivida por miles y miles de familias desde el golpe de estado hasta nuestros días. De ahí la importancia de reconocer los Lugares de Memoria Democrática, de conseguir la retirada de toda la simbología franquista, la exhumación de fosas comunes de nuestras desaparecidas y desaparecidos, impulsar la inclusión de la memoria democrática en los programas de estudio escolares y propiciar el reencuentro con sus padres y madres de todos los niños y niñas que un día les fueron robados, una tarea esta última que debe llevarse a cabo con la máxima premura.

Desde este Ayuntamiento se han articulado políticas en esta materia, pero hay que hacer un esfuerzo más por incidir en ello y dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y para poder declarar a Sevilla una ciudad libre de simbología franquista.

Y es que, una Democracia digna de tal nombre, no puede asentarse en la prolongada impunidad de los victimarios, la desconsideración a los derechos humanos de las víctimas de la dictadura y el incumplimiento por parte del Estado de los convenios internacionales que definen los delitos de lesa humanidad y de genocidio como imprescriptibles y no sujetos a posibles amnistías. Sin embargo, el sistema democrático surgido de la Transición ha venido incumpliendo el deber público de Memoria y su responsabilidad histórica hacia los hombres y mujeres que durante décadas sufrieron represión por defender precisamente los valores democráticos.

Ante el desistimiento de los poderes públicos, fue la sociedad civil organizada la que durante décadas sostuvo el empeño por no olvidar lo que supuso el franquismo, luchando por recuperar la memoria y la dignidad de sus víctimas. La Ley 2/2017 de 28 de Marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía supone una superación del modelo estatal, al establecer que corresponde a los poderes públicos la obligación de promover la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Sin embargo, las potencialidades de la Ley no han sido llevadas a la práctica plenamente por insuficiente financiación, ausencia de desarrollo normativo y falta de compromiso por parte del gobierno andaluz.

Así llegamos a la situación actual, con más de 100.000 desaparecidas y desaparecidos en fosas comunes, de los que más de la mitad se encuentran en Andalucía. Sigue vigente la ley de Amnistía de 1977, los juicios sumarísimos del franquismo no han sido anulados, la exaltación pública del franquismo se realiza con impunidad, los archivos que encierran las pruebas documentales del genocidio siguen cerrados o difícilmente accesibles para los investigadores y el expolio económico realizado por la dictadura tras la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, sigue sin ser reparado.

En Andalucía no existe aún un censo oficial de víctimas del franquismo y las exhumaciones que se llevan a cabo tienen un carácter extrajudicial al no haberse elaborado un nuevo protocolo de exhumaciones, tal y como exige la ley de Memoria andaluza. El banco de ADN sigue siendo más una promesa que una realidad, con lo que se dificulta enormemente la identificación de los desaparecidos. El grupo de trabajo equivalente a una Comisión de la Verdad para Andalucía no se ha puesto en marcha. Parte de la simbología franquista aun se muestra en nuestros espacios públicos, empezando por el director del genocidio franquista, Queipo de Llano, cuya tumba sigue ocupando un lugar de honor en un espacio de culto público, en flagrante incumplimiento de la Ley de Memoria andaluza. Más aun, los contenidos historiográficos y los valores propios de la Memoria Democrática no han entrado de modo riguroso y sistemático en el sistema educativo, sin olvidar que el derecho a la justicia –según establece la Ley de Memoria de Andalucía- debe aplicarse también a las víctimas de la violencia ejercida por el Estado durante el periodo de Transición, tras la muerte del dictador.

En suma, el impulso aunado de las instituciones democráticas, de las asociaciones memorialistas y de las víctimas nos ha hecho avanzar en los últimos años en el difícil camino del reconocimiento de las víctimas del franquismo, pero aún queda mucho por hacer. Por eso, no podemos aceptar ningún retroceso en la lucha por la consecución plena de los derechos humanos de las víctimas de la dictadura franquista, tal y como exigen las leyes internacionales, nuestra propia Constitución y el Estatuto de Andalucía.

Las y los demócratas tenemos la obligación de defender los derechos humanos de las víctimas del franquismo y el derecho a la verdad del conjunto de la ciudadanía, de todas las personas comprometidos realmente con los valores de la verdad, la justicia y la reparación.

Para ello, se hace necesario la creación de un Consejo Municipal de Memoria Histórica y Democrática reglamentado que, instrumente a la ciudadanía y asociaciones memoralistas representativas en esta materia, con el objetivo de proponer, coordinar y hacer un seguimiento a las políticas públicas de Memoria de nuestra ciudad, frente a la falta de organicidad y convocatoria de la Mesa de Participación y Mesa de Expertos no están funcionando en este mandato.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Adelante Sevilla, viene a proponer, para su discusión y aprobación en Pleno, los siguientes

ACUERDOS

Primero: Crear un Consejo sectorial de Memoria Histórica y Democrática de este Ayuntamiento en el año en curso, para proponer  y coordinar las políticas públicas en materia de memoria en defensa de los crímenes de lesa humanidad.

Segundo: Crear el Museo de la Memoria para la conservación, exposición, lugar de recuerdo, reparación e investigación de todo lo relacionado con las exhumaciones y la memoria democrática de nuestra ciudad.

Tercero: El compromiso de este Ayuntamiento para que el edificio de la antigua comisaria de la Gavidia tenga un uso memoralista y albergue el Museo de Memoria de Sevilla.

Cuarto: Celebrar un acto homenaje a los bebés robados, con la colocación de una placa y módulo informativo en un lugar público y emblemático de la ciudad.

Quinto: Dando cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, exigir la exhumación del General Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez, cuyos restos se encuentran en la Basilica de la Macarena, enterrados ambos con honores en este lugar de culto.

Sexto: Poner fin a la retirada de todos los símbolos fascistas que aún permanecen en nuestra ciudad que, hagan referencia u honren al pasado franquista.

Séptimo: Incluir en el callejero de la ciudad de Sevilla nombres de mujeres y hombres que fueron modelo en sus vidas de compromiso con los valores humanistas y democráticos de la II República española y que por ello fueron sufrieron todo tipo de represalias: fueron secuestrados, asesinados, hechos desaparecer, perseguidos, encarcelados, depurados de sus puestos de trabajo, se les confiscó sus bienes, sufrieron exilio, hambre, humillaciones y fueron denostados de por vida, ellos y sus familiares.

Octavo: Continuar con la labor de localización y exhumación de las fosas comunes del cementerio de San Fernando, donde se encuentran después de más de 84 años los restos de personas represaliadas por el golpe de estado fascista de 1936.

Noveno: Promover la declaración como Lugar de la Memoria del cementerio de San Fernando situado en nuestra ciudad.

Décimo: Hacer efectivo el reconocimiento institucional a las víctimas de la ciudad de Sevilla que fueron asesinadas en campos de exterminios de la Alemania nazi, con un memorial a modo de reconocimiento o placa conmemorativa y la nominación de una calle o plaza pública en memoria de estos conciudadanos.

Undécimo: Adquirir el compromiso de esta corporación para ceder a las entidades memorialistas de la ciudad de Sevilla espacios de reunión y reflexión en la antigua cárcel de La Ranilla, como lugar de memoria declarado por la Junta de Andalucía.