La reforma local en Sevilla costará empleo público
El portavoz municipal de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, y el responsable andaluz de política institucional en la federación de izquierdas, Antonio Maíllo, se reunieron el miércoles pasado con los representantes de las cinco secciones sindicales del Ayuntamiento hispalense (CCOO, UGT, CSIF, SPB y SPPME) al objeto de analizar las desastrosas repercusiones que, en términos de empleo y de prestación de servicios públicos, traerá aparejada la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha propuesto aprobar próximamente.
En esta reunión, Maíllo –también Director General de Administración Local de la Junta de Andalucía- profundizó en las nefastas consecuencias que esta reforma legal supondrá para los consistorios, en tanto que su aplicación conllevará despidos masivos de empleados y el desmantelamiento de muchas de las actuales competencias municipales en materias como educación, servicios sociales, salud, desarrollo local y empleo, igualdad, dependencia o vivienda. “Es un ataque sin precedentes a la democracia de nuestros pueblos y ciudades”, ha aseverado.
Maillo explicó el coste estándar, un concepto sutil pero clave en la reforma. Será lo que determine el precio de los servicios impuesto por Hacienda. Y esa será la trampa. Por su parte, Torrijos denunció los “eufemismos” y las “falacias” empleadas por el PP –entre ellas, que la reforma “racionalizará la estructura organizativa” de la administración y “evitará duplicidades”– con el fin de enmascarar los graves recortes, despidos y la eliminación de servicios que ocasionará.
Y es que, según dijo el portavoz de IU, “no estamos hablando sólo de una vuelta de tuerca más de la derecha, sino de un cambio absoluto de modelo social que, de acometerse finalmente, terminará con el municipalismo” e implicará una “vuelta al franquismo”, cuando los ayuntamientos se dedicaban exclusivamente a “recoger la basura, plantar flores y organizar las fiestas patronales”.
Así las cosas, sindicatos e Izquierda Unida coincidieron en la necesidad de sumar esfuerzos para frenar esta brutal agresión que se prepara contra la ciudadanía a través de la información y de la movilización en la calle. “La gente tiene que saber el disparate que significa este anteproyecto de ley que, sin duda, afectará a las capas populares y a los colectivos más vulnerables, pues, una vez que se publique en el BOE, será mucho más difícil evitar su tremendo impacto social”, ha precisado Maíllo.
Por último, Torrijos advirtió de que “en Izquierda Unida no vamos a resignarnos ni a convertirnos en notarios de la realidad”, por lo que “daremos la batalla” contra este proyecto “demoledor” que, según ha subrayado, se enmarca dentro de la ofensiva desatada por el PP en todo el país “para acabar con lo público y eliminar los derechos sociales que tantas décadas de lucha nos costó conquistar”.
